1934: Conspiración, alzamiento y guerra

La evolución de los acontecimientos. Las elecciones generales de noviembre y diciembre de 1933

A la caída de Manuel Azaña, Presidente del Gobierno en septiembre de 1933, Alejandro Lerroux no fue capaz de formar gobierno por el rechazo general de las izquierdas y el desvío de las derechas que todavía no habían cuajado con él una alianza política estable.

    Recibió encargo de formar gobierno el líder radical y gran maestro del Grande Oriente español, Diego Martínez Barrio, con carácter provisorio y con finalidad de convocar elecciones generales a Cortes.

    La ley electoral, aprobada por las Cortes de Azaña, establecía definitivamente como circunscripciones electorales a cada capital con su término y al resto agrupado de cada provincia. Las mujeres podrían ejercer por vez primera en la historia su derecho al voto y los anarquistas, decepcionados con la República tanto como con la Monarquía, decidieron abstenerse en masa. Por iniciativa de los socialistas se había roto violentamente antes de las elecciones la conjunción republicano-socialista de 1931, ante su deseo de apartarse del desprestigiado Manuel Azaña.

    En sus diarios, Azaña explica cómo ordenó sofocar las rebeliones anarquistas fusilando sobre la marcha a quienes fueran cogidos con armas, actitud que desembocaría en la matanza por fusilamiento de campesinos anarquistas en el municipio gaditano de Casas Viejas el 11 de enero de 1933, a cargo de la republicana Guardia de Asalto. (Según sus adoradores, Azaña gobernaba con la razón, la virtud y la palabra). Su concepción de que sólo los republicanos tenían derecho a gobernar no quedaba en frase. En noviembre de 1933, el voto popular redujo a casi nada a los partidos republicanos, y el mismo Azaña consiguió el acta de diputado gracias a haberse presentado por las listas del PSOE en Bilbao. Entonces intentó volver al poder por medio de un golpe de Estado, proponiendo no convocar las electas Cortes y organizar nuevos comicios con garantía de victoria izquierdista. Este suceso, aunque a menudo ocultado, es conocido.

    El gobierno Martínez Barrio presidió de forma impecable las elecciones que se celebraron a doble vuelta el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 1933. Estas elecciones fueron las primeras que en España dieron lugar a reuniones, discursos y actos de propaganda propios de los sistemas modernos. Aunque el cacicazgo no había desaparecido del todo, se confiaba más en la captación de votos individuales: fueron invertidas grandes sumas de dinero y el empeño de candidatos y formaciones políticas conscientes de la repercusión en todos los ámbitos de aquellos comicios. En definitiva, unas elecciones que ponían de manifiesto la existencia de una ineludible fractura (o ruptura de hecho) que preludiaba la guerra civil.

    Conviene recordar que la convocatoria a elecciones generales de noviembre de 1933 fue propiciada, o propiamente dicho forzada, debido a la espectacular derrota sufrida por el gobierno republicano-socialista en las elecciones para el Tribunal de Garantías (constitucionales), que condujo a la caída del Gobierno cinco días después. Estas elecciones generales a doble vuelta, 19 de noviembre y 3 de diciembre, confirmaron la tendencia de las municipales de abril y las del citado Tribunal en septiembre: la izquierda sufrió un descalabro, imposible de obviar ni interna (entre sus filas) ni externamente.

    En las elecciones del 19 de noviembre votó el 67’46% del censo electoral y las mujeres por primera vez: las derechas obtuvieron 3.365.700 votos, el centro 2.051.500 y las izquierdas 3.118.000. El sistema electoral que favorecía, por decisión directa de Azaña, a las grandes agrupaciones, se tradujo en que las derechas, que se habían unido para las elecciones, obtuvieran más del doble de escaños que las izquierdas. Azaña intentó en aquellos momentos que Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República, impidiera su desalojo del poder apelando a una teórica legitimidad republicana que, al parecer y desde su megalomanía, pesaba más que la voluntad popular expresada en las urnas. Alcalá Zamora no accedió a las presiones antidemocráticas de Azaña, pero, arbitrariamente, tampoco estaba dispuesto a permitir que gobernaran los ganadores de las elecciones. En puridad, la fuerza mayoritaria, la CEDA, tendría que haber sido encargada de formar gobierno por su indudable triunfo electoral, pero las izquierdas no estaban dispuestas a consentirlo y Alcalá Zamora, a la sazón católico y de derecha, lo aceptó y avaló, encomendando la misión de formar gobierno a Lerroux, un republicano histórico, representante del centrismo, en minoría, que se había ido desplazando hacia la derecha en contraposición al sectarismo de Azaña.

    Sin embargo, semejante salida no pareció suficiente al PSOE y a los nacionalistas catalanes que comenzaron a urdir una conspiración armada para acabar con un gobierno de centroderecha elegido democráticamente. Tal objetivo conspirador y consecuente ejecución llegado el momento revestía una enorme gravedad, porque no eran fuerzas exteriores al Parlamento, como había sido el caso de los anarquistas en 1932 y 1933, sino partidos con representación parlamentaria los que estaban dispuestos a subvertir el resultado de las urnas por la agitación, la propaganda tendenciosa, no pocas veces falaz, la sedición y la beligerancia armada.

    Rota su conjunción con los republicanos en 1933, el PSOE se preparó a  fondo, a partir de su derrota en las elecciones de noviembre-diciembre, cuyos resultados adversos no acató, a organizar la rebelión armada contra el gobierno de la República con el fin de conquistar el poder por la violencia y la confrontación civil. Salta a la vista el proyecto antidemocrático, un proyecto destinado a la revolución y su secuela tiránica: el PSOE se alzaba en armas contra un gobierno constitucional, forjado en las urnas según una ley electoral aprobada durante el bienio que presidió Azaña con los votos favorables del propio PSOE.

Posicionamientos y alianzas

El resentimiento de los derrotados por la victoria del centro-derecha a finales del año 1933 acarrearía serias consecuencias. La primera de ellas se manifestó a través de un reagrupamiento de las izquierdas y su alianza con los separatistas de diferente signo político a fin de derrocar al gobierno legítimo. Los nacionalistas catalanes, en vínculo interesado con Azaña, desplegaron toda su influencia al respecto tratando de atraer al PSOE y a los anarquistas de la CNT.

    Aún se hallaba en funciones el gobierno republicano-socialista presidido por Martínez Barrio tras las elecciones de noviembre de 1933, cuando estalló la primera intentona revolucionaria protagonizada por los anarco-sindicalistas, que la venían preparando desde antes de los comicios; es decir, cuando el resultado dependía de los electores.

    El primer chispazo se produjo en Barcelona, bastión del sindicalismo revolucionario, el 8 de diciembre de 1933, cinco días después de finalizar el proceso electoral. En breve se propagó a casi toda España con actos de sabotaje, amotinamientos, rebeliones y movilizaciones favorables al comunismo libertario. Estallaron disturbios muy graves en La Rioja, aunque el  foco principal se localizó en Zaragoza, donde entonces radicaba el  comité nacional de la CNT y el comité nacional revolucionario encabezado por Cipriano Mera. Los insurrectos llegaron a dominar algunos suburbios de la capital y ocuparon bastantes pueblos de la  región y hasta de La Rioja y la provincia de Álava. En todos estos lugares se aplicó las generales de la ley del credo anarquista: quema de archivos y registros, supresión de moneda, saqueo de comercios y, en alguna localidad, la quema de iglesias y demás edificios religiosos. La revolución comenzó a decrecer el 12 de diciembre, tres días después de haber estallado, con el siguiente balance de víctimas: 11 guardias civiles muertos y 45 heridos; tres guardias de Seguridad muertos y 18 heridos; 75 paisanos muertos y 101 heridos. La requisa de armas, municiones y explosivos fue impresionante.

    En aquello meses iniciales de 1934 pocas personas, entre los políticos, dejaban de considerar imprescindible y próximo el recurso a la dictadura. Los depósitos de armas que se descubrían y los documentos que la Policía estaba recogiendo demostraban que los anarquistas, socialistas y comunistas preparaban una revolución y que los atentados personales, las huelgas políticas y en último término el alzamiento eran medios adecuados para lograr este propósito. A su vez, conspiraban los carlistas dentro y fuera de España para restaurar la Monarquía. De modo que aquellos como José María Gil Robles o Lerroux que deseaban salvar la legalidad republicana, comenzaron a pensar en la conveniencia de disponer de un ejército dispuesto a defenderla, sacando del ostracismo a los militares con destino en el Protectorado (de Marruecos), conocidos como los “africanistas”.

Preparativos para la revolución

Los llamamientos a la revolución fueron anteriores al resultado de los comicios, además de numerosos, claros y contundentes; y se intensificaron al límite tras ellos. Ya el 3 de enero de 1934 la prensa del PSOE, su insignia el periódico El socialista, publicaba o recogía unas declaraciones de Indalecio Prieto que ponían de manifiesto el clima que imperaba en su partido: Y ahora piden concordia. Es decir, una tregua en la pelea, una aproximación de los partidos, un cese de hostilidades… ¿Concordia? No. ¡Guerra de clase! Odio a muerte a la burguesía criminal. ¿Concordia? Sí, pero entre los proletarios de todas las ideas que quieran salvarse y librar a España del ludibrio. Pase lo que pase, ¡atención al disco rojo!

    Durante todo el año 1934 el PSOE, dirigido por Francisco Largo Caballero, fue preparando a conciencia una insurrección armada en toda España para conquistar el poder en la República tras su estrepitosa derrota en las urnas de noviembre-diciembre de 1933. Largo Caballero descartó a Julián Besteiro, que se oponía a la insurrección, y contó con la colaboración plena de su rival Indalecio Prieto, quien durante toda su vida posterior se arrepintió de esa actitud de 1934, obviamente cuando ya era tarde. Largo Caballero contó con sus consejeros revolucionarios Julio Álvarez del Vayo y Luis Araquistáin (el segundo también se arrepintió pronto), y con las Juventudes Socialistas, cada vez más próximas al comunismo, cuyos principales dirigentes eran Santiago Carrillo y José Laín Entralgo. Desde las primeras semanas de 1934, El Socialista, órgano de comunicación oficial del PSOE, proclamó la revolución próxima.

    El 4 de febrero, el mismo Indalecio Prieto llamaba a la revolución en un discurso pronunciado en el madrileño coliseo Pardiñas. Ese mismo mes la CNT propuso a la UGT una alianza revolucionaria, oferta a la que respondió el socialista Largo Caballero con la de las Alianzas Obreras; su finalidad no era laboral sino eminentemente política: aniquilar el sistema parlamentario y llevar a cabo la revolución. A finales de mayo el PSOE desencadenó una ofensiva revolucionaria en el campo, el ámbito rural, que reprimió enérgicamente  el ministro de Gobernación Rafael Salazar Alonso. A esas alturas el Gobierno contaba con datos referidos a una insurrección armada que se preparaba y en la que tendrían un papel preponderante no sólo el PSOE sino también los nacionalistas catalanes y algunos republicanos de izquierdas. No se trataba de rumores sino de afirmaciones de parte. La prensa del PSOE, por ejemplo, señalaba que las teorías de Frente Popular propugnadas por los comunistas a impulso de Stalin eran demasiado moderadas porque no recogían “las aspiraciones trabajadoras de conquistar el Poder para establecer su hegemonía de clase”. Por el contrario, las Alianzas Obreras, propugnadas por Largo Caballero, eran “instrumento de insurrección y organismo de Poder”. A continuación El Socialista trazaba un obvio paralelo con la revolución bolchevique: Dentro de las diferencias raciales que tienen los soviets rusos, se puede encontrar, sin embargo, una columna vertebral semejante. Los comunistas hacen hincapié en la organización de soviets que preparen la conquista insurreccional y sostengan después el Poder obrero. En definitiva, esto persiguen las Alianzas.

    En el verano de 1934, el periódico Revolución anunciaba refiriéndose a la futura revolución gestándose: ¿Programa de acción? —Supresión a rajatabla de todos los núcleos de fuerza armada desparramada por los campos —Supresión de todas las personas que por su situación económica o por sus antecedentes, puedan ser una rémora para la revolución.

    Semejantes afirmaciones mostraban una clara voluntad de acabar con el sistema parlamentario sustituyéndolo por uno similar al soviético, y debían haber causado seria preocupación entre los republicanos de izquierdas; sin embargo, para éstos el enemigo a batir era el centro y la derecha.

    Durante el ominoso verano de 1934, la Federación de Trabajadores de la Tierra (socialista) provocaba huelgas salvajes en el campo mientras Prieto acopiaba armas para la revolución, encomendada en su foco principal, Asturias, al Sindicato Minero de la UGT, que organizó un ejército de 30.000 hombres bien armados.

    Una de las principales impulsoras del movimiento huelguista, la socialista Margarita Nelken, pretendió que todo el campo español estaba parado, pero, pese a la violencia del PSOE (13 muertos y 200 heridos, en su mayoría trabajadores no huelguistas, destrucción de aperos de labranza y maquinaria, incendio de mieses, devastación de cultivos…), el movimiento sólo afectó, y parcialmente, a 1.600 de los 9.000 municipios de España. El fracaso hizo cundir la desmoralización entre los campesinos socialistas, empujados a la huelga con la promesa de ser apoyados por una huelga general en las ciudades que ni siquiera intentó su partido. Y causó tensiones dentro del PSOE, mostrando Largo Caballero su enojo por considerar la huelga precipitada, perjudicial para la insurrección armada en preparación. El PSOE era el centro y el núcleo de la rebelión, a la que Largo Caballero quiso incorporar al resto de los grupos obreros de izquierda mediante la creación de las Alianzas Obreras.

Alianzas implícitas y explícitas

A finales de julio había remitido algo la agitación en Cataluña, en la calle todavía más, y entonces es cuando tomó el relevo el nacionalismo-separatismo vasco, el Partido nacionalista Vasco (PNV), que contó con el activo apoyo de los separatistas catalanes de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de los republicanos de izquierda (Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña) y del PSOE, rival hasta entonces del PNV en Vascongadas. La táctica consistió en tratar de poner en pie un doble poder, inconstitucional, a partir de los ayuntamientos, y en rechazar una y otra vez, con insultante arrogancia, las propuestas conciliadoras que les hacía el débil gobierno de Samper. De modo similar a lo experimentado en Cataluña, cobraron ímpetu inusitado las protestas, las apelaciones separatistas y el incumplimiento de la ley. Todo este movimiento culminaría en una asamblea de diputados y alcaldes sediciosos (peneuvistas, socialistas, esquerristas y republicanos), convocada por Prieto en Zumárraga, provincia de Guipúzcoa, el 2 de septiembre, en crudo desafío al Gobierno; que la prohibió. Del clima reinante dan idea las expresiones de los confabulados: “El choque es inevitable”, clamaba Antoni Rovira i Virgili, comisionado de la Ezquerra; Manuel de Irujo, comisionado del PNV declaraba con jactancia: “Estamos en franca, abierta y declarada rebeldía”; El periódico La Humanitat, órgano de expresión de ERC amenazaba: “Si es lo bastante inconsciente para enfrentarse a la voluntad popular, allá el Gobierno con su responsabilidad. Puede ser tremenda”. El PSOE ansiaba: “El conflicto entra en una fase de violencia mayor”. Pero, otra vez, el Gobierno reaccionó con firmeza, después de unos meses de debilidad, y bastaron unas compañías de guardias de asalto para echar abajo como un castillo de naipes las pretensiones de los rebeldes, impidiendo así la prevista “violencia mayor”.

    Simultáneamente las izquierdas presionaban constante y coactivamente al Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora y Torres, para que destituyese a los gobernantes legítimos y pusiera a ellos en su lugar. Fue entonces cuando Azaña creyó llegada, por segunda vez, la ocasión de resolver el problema mediante un golpe de Estado. De acuerdo con Lluís Companys, Presidente de la Generalidad de Cataluña, líder de ERC, y los suyos, planeó establecer un gobierno sedicioso en Barcelona, que debía ser respaldado por una huelga general en toda España. Sin embargo, la huelga necesitaba el acuerdo del PSOE, y éste lo negó, porque estaba preparando su propio alzamiento en pro de la dictadura del proletariado y no quería subordinarse a “iniciativas burguesas”.

    Apenas concluida la feroz etapa de huelga en el ámbito rural, comenzó la planificada subversión en Cataluña, dirigida por Companys, so pretexto de una ley de contratos de cultivo aprobada por los nacionalistas-separatistas y que el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró ilegal. Paralelamente, sin que se hayan demostrado conexiones directas con el movimiento revolucionario abanderado por los socialistas, la Generalidad de Cataluña, dirigida desde primeros de 1934 por Companys, sucesor de Françesc Macià, preparaba una rebelión secesionista contra el gobierno de la República con el fin de proclamar el Estado Catalán. La Esquerra, gobernante en Cataluña, trató de crear un clima insurreccional adecuado a sus intenciones. Aprovechó que controlaba a la Guardia de Asalto y la Guardia Civil para organizar en el seno de ambas un trabajo subversivo, al tiempo que armaba a sus milicias, denominadas escamots (pelotones o patrullas de control, intimidación y ejecución), y formaba núcleos afectos en las guarniciones militares de Cataluña. Companys y los suyos llamaban a la rebelión a la población catalana; sus discursos desprendían un inequívoco tono belicista.

    En ese movimiento colaboraron íntimamente los republicanos de Azaña y el PNV y, desde fuera, el PSOE. Estos partidos se pusieron en contra del gobierno legítimo y al lado de la sedición. Como jefe de la oposición de izquierdas republicanas al gobierno Lerroux, Azaña, para batir al enemigo, que era el centro y la derecha, en unas resonantes declaraciones el 30 de agosto, advertía que si Gil Robles (líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas), pese a haber ganado las elecciones de 1933, se atrevía a participar en el gobierno con ministros de su formación política, la CEDA, las izquierdas unidas se lo impedirían por cualquier medio; unas declaraciones ante las que nadie se podía llamar a engaño. Si la CEDA se empeñaba en ejercer su derecho, las izquierdas se opondrían incluso yendo contra la legalidad. Los anuncios de Azaña, de Prieto, de Largo Caballero, de tanto otros personajes de la izquierda no eran sino una consecuencia realmente lógica de toda una visión política que no había dejado de avanzar desde finales del siglo XIX: El Parlamento, y las votaciones que lo configuraban, sólo resultaba legítimo, en la práctica, en la medida en que servía para respaldar el propósito de las fuerzas mencionadas; cuando el resultado en las urnas no sancionaba la victoria de ese bloque político, el parlamento debía ser rebasado y silenciado desde la calle por cualquier medio, recurriendo incluso a la violencia. Para el PSOE, el PCE y la CNT, el paso siguiente sólo podía ser la revolución.

    La CEDA, cada vez más alarmada ante aquella escalada de violencias y provocaciones, decidió entrar en el Gobierno y dejar de apoyar a Ricardo Samper, hasta entonces presidente, del Partido Radical, que había demostrado salvo en algunos momentos una flaqueza extrema. El éxito gubernamental de Zumárraga y los constantes descubrimientos de alijos y depósitos de armas socialistas (la incautación de la carga del barco Turquesa, por ejemplo), habían hecho creer a la derecha que el peligro golpista había pasado. Se equivocaba.

Repaso a la cronología y sus protagonistas

En sus Memorias, Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República en el periodo que se analiza, cuenta que entre los días 20 de noviembre y 3 de diciembre de 1933, recibió al menos tres incitaciones para que colaborara en un golpe de Estado, en el que estaban mezclados destacados políticos de la izquierda como Juan Botella, Félix Gordón Ordás, Diego Martínez Barrio y Juan Negrín: consistía en no convocar las Cortes recientemente elegidas y formar a cambio una especie de “Gobierno de salvación” con los grupos republicanos “auténticos”. Alcalá Zamora rechazó la propuesta que invalidaba la legalidad del sistema. Estas noticias, pese a los disimulos y desmentidos posteriores, fueron de dominio público.

    Dos regiones, Asturias y Cataluña, se ofrecían como posibles plataformas para una acción revolucionaria. La muerte de Macià (25 de diciembre de 1933) permitió a Companys, que se había distinguido como defensor de los anarquistas, convertirse en Presidente de la Generalidad (31 de diciembre) y luego, al frente de una coalición izquierdista, ganar las elecciones municipales del 14 de enero de 1934. Companys, que intentaba promover una reforma agraria muy diferente de la que preconizaban las Cortes de la República, empezaba a sostener con ella una pugna que no excluía el recurso a la violencia. No ocultaba que su proyecto inmediato era, aprovechando la mayoría absoluta conseguida, proclamar la independencia de Cataluña, estableciendo después vínculos de cooperación con el resto de España para mantener las ventajas económicas, pero rechazando cualquier clase de dependencia política.

    Las normas todavía vigentes en el Ejército equiparaban al delito de alta traición cualquier intento de separar una parcela del territorio nacional.

    Francisco Largo Caballero preparaba desde febrero de 1934 la gran subversión para la que el instrumento clave debía ser las Alianzas Obreras, que agrupasen a socialistas, anarquistas y comunistas. Al mismo tiempo activaba los enfrentamientos armados “antifascistas”; denominando antifascista a todo lo que le convenía. Sólo en Asturias consiguió Largo Caballero su propósito porque en esta región había conseguido la derecha, en las elecciones de 1933, una victoria inesperada (para la izquierda), además de muy alarmante pues resucitaban con ella las antiguas raíces conservadoras asturianas. Los socialistas creyeron que sólo podían retornar al poder por el camino de la violencia.

    Al comenzar el verano de 1934, Largo Caballero consiguió ser reconocido como jefe sin disputa del socialismo en España. Una escalada de huelgas y el descubrimiento de varios depósitos de armas puso en alerta al Gobierno, aunque, pese a las evidencias y los efectos, parecía poco decidido a tomar medidas tendentes a evitar lo presumible.

Maniobras y protagonismos

Durante el verano de 1934, julio y agosto, se sucedieron las huelgas, asesinatos y otros actos de violencia a ritmo creciente, alcanzando su grado máximo en el mes de septiembre. El día 8 de este mes fue clausurada la Casa del Pueblo de Madrid porque en ella se encontraron depósitos de armas de consideración. José María Gil Robles tenía anunciada una concentración de sus seguidores en Covadonga para el día 9, siguiendo a la gran fiesta de la patrona asturiana, y las izquierdas dieron orden de impedirlo recurriendo a todos los procedimientos a su alcance: huelga general revolucionaria, tachuelas y barricadas en las carreteras, insultos y golpes a los que a ella se dirigían y amenazas a posteriori.

    Ese mismo día 9 de septiembre de 1934, la Guardia Civil descubrió un importante alijo de armas transportadas a bordo del barco de nombre Turquesa, fondeado para tal menester en la ría asturiana de Pravia. Una parte de las armas había sido ya desembarcada y, siguiendo órdenes de Indalecio Prieto, conducida en camiones a la Diputación Provincial controlada a la sazón por el PSOE.

    El del buque Turquesa fue el alijo más importante de entre los hallados por el Gobierno, incluidos los numerosos depósitos de armas. En etapa anterior, el gobierno de Azaña había autorizado al industrial bilbaíno Horacio Echevarrieta, amigo de Indalecio Prieto, la compra de una partida de armas destinadas a la oposición portuguesa que preparaba un golpe contra Antonio de Oliveira Salazar. Estas armas permanecían depositadas en Santa Catalina de Cádiz y fueron compradas por Negrín, Prieto, González Peña y Amador Fernández pagando medio millón de pesetas y cargadas en el Turquesa, fletado por otras 70.000. La primera idea de los líderes socialistas fue ofrecer el barco con la carga a Companys, pero cobrando millón y medio de pesetas. Cuando los catalanes rechazaron la oferta, el buque fue enviado a Asturias ya que el dinero invertido en la compra de las armas pertenecía al Sindicato Minero.

    La Policía descubrió el alijo cuando estaba siendo cargado en camiones de la Diputación Provincial, dominada por los socialistas, que tenía por consiguiente carácter oficial. Cuando las fuerzas de Orden Público interceptaron el alijo del Turquesa, huyendo este barco hacia el puerto de Burdeos, estaban allí Indalecio Prieto y Juan Negrín, que no fueron detenidos. Era inevitable que se entendiese que esta operación no era sino preparativo para un inmediato alzamiento socialista: un escándalo que alcanzaba al PSOE cuyos jefes, inquietos, comenzaron a pelear entre sí sacudiéndose responsabilidades. Esta significativa captura de armas también permitió la revelación de otros depósitos.

    El líder de la CEDA, Gil Robles, reconocía que la colaboración con el gobierno radical no daba los resultados apetecidos y anunció que iba a adoptar una postura más exigente. El 11 de septiembre, uno de los miembros de la Generalidad de Cataluña, Ventura Gassol, proclamaba contra la “vil España” un odio “gigantesco, loco, grande, sublime”. “Odiamos el nombre, el grito y la memoria, sus tradiciones y su sucia historia”. Un terrible sedimento se abría camino.

    El Gobierno de centroderecha (del Partido Radical apoyado por la CEDA) tomó, el 12 de septiembre, cercana la reanudación del periodo de sesiones en las Cortes, el acuerdo de autorizar a su Presidente, Ricardo Samper, que presentara la dimisión cuando lo creyera oportuno.

    Mientras, la agitación en Cataluña, las Vascongadas y en el conjunto de España continuaba con fuerza intimidatoria. El 14 de septiembre socialistas y comunistas concentraban a una multitud de 80.000 simpatizantes para entre soflamas abonar la violencia sucesiva. Santiago Carrillo y Jerónimo Bugeda (socialistas) y Jesús Hernández (comunista) lanzaron consignas de revolución, aniquilación y guerra. Al final del acto miles de jóvenes uniformados evolucionaron en formación militar flanqueados por un delirio de ovaciones y puños en alto. El periódico El Socialista, órgano de comunicación del PSOE, valoraba así el acto y su despliegue: “Un alarde de fuerza, una reiteración de fe revolucionaria”.

    A finales de septiembre Azaña viaja a Barcelona pretextando asistir al entierro de Jaume Carner, que había sido ministro en su gobierno. Ya en esta ciudad se entera de los proyectos separatistas de la Generalidad; fuentes de toda índole para confirmarlo no le faltan. Posteriormente, tras el estrepitoso fracaso de su gestión, Azaña alega que trató de disuadir a Companys; pero no le denunció, ni hizo amago de ello, sino que al producirse el estallido rebelde opta por esconderse allí, en el foco insurgente, a verlas venir. Desde meses atrás, con una inconsistencia inexplicable, acorde con la enajenación o un incorregible sectarismo, los republicanos de Madrid venían a Barcelona a informarse y a seguir con entusiasmo las peripecias del movimiento que se preparaba, aunque fuera a favor del extremismo nacionalista; aunque tendiera a la destrucción de la convivencia. La de los citados republicanos, como Azaña, fue una actitud política que implicaba la tácita, y en lo decisivo expresa, aceptación de los postulados disidentes sin evaluar, por ignorancia o falsa confianza, las consecuencias de tal entreguismo.

    En su libro Mi rebelión en Barcelona, Azaña dice haber mantenido una postura legalista, negociadora en lo posible, tratando de calmar a Companys, que entonces y apenas disimulado preparaba su propio golpe contra un Gobierno legítimo y democrático. Pero documentos de la dirección socialista prueban que Azaña mintió, pues había tratado de que el PSOE apoyara una insurrección con base en Barcelona. Este intento o golpe de Estado frustrado es el menos conocido de cuantos se produjeron el año 1934. Los líderes socialistas rechazaron la propuesta, ya que estaban organizando su propia sublevación, y no pensaban supeditarse a esos partidos que insistían propagandísticamente en tildar de “burgueses”: estos partidos podían, si querían, apoyar en plan auxiliar al PSOE. Es decir, los socialistas estaban de acuerdo en el objetivo pero no en el liderazgo del mismo.

    Y así aconteció. Azaña niega haber participado en la insurrección de 1934, comienzo real de una guerra civil, pero su menguado partido, Izquierda Republicana, propugnó entonces públicamente el empleo de “todos los medios” para derribar el Gobierno salido de las urnas. Azaña, irredento megalómano, solía negar todo lo que evidenciaba su conducta, carácter, decisiones comprometedoras y posicionamiento sociopolítico; aunque, y de su propio puño y letra, a destiempo e inmerso en soledad, preso de abatimiento culpable, conflicto interno y asomo de disculpa, lo admitía.

    La finalidad del alijo capturado a bordo del Turquesa no era otra que la de armar a los socialistas preparados para la insurrección violenta. No en vano, el 25 de septiembre El Socialista anunciaba: “Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía; bendita la guerra”. Dos días después, remachaba el mismo periódico: “El mes próximo puede ser nuestro octubre. Nos aguardan días de prueba, jornadas duras. La responsabilidad del proletariado español y sus cabezas directoras es enorme. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado”. Antes de concluir el mes, el Comité central del PCE anunciaba su apoyo a un frente único con finalidad revolucionaria.

    El 1 de octubre la CEDA retiró los votos con los que apoyaba y sostenía al Gobierno. Era necesario formar un nuevo gobierno. Las izquierdas reiteraron su advertencia: si aparecían ministros de la CEDA (la formación política que había ganado las elecciones) provocarían la revuelta armada. En la lista que Alejandro Lerroux (Partido Radical), nuevo Presidente del Gobierno, presentó a Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República, en la tarde del 3 de octubre, figuraban tres miembros de aquella agrupación de derechas: el regionalista navarro Rafael Aizpún, para la cartera de Justicia; el sevillano Manuel Giménez Fernández que se había declarado expresamente republicano y que defendía la puesta en marcha de la reforma agraria, para la de Agricultura; y el catalán y antiguo catalanista José Anguera de Sojo, en Trabajo.

De la propaganda a la acción armada

Las campañas de desestabilización izquierdistas-separatistas en verano de 1934, desembocaron en la gran insurrección armada de octubre. El proceso conspirador ideado, desarrollado y dirigido según dos concepciones sociopolíticas aliadas aunque divergentes en sus objetivos últimos, la del PSOE y la de ERC, culminaba en la plasmación bélica y usurpadora del poder.

    En la insurrección de 1934, política y armada, intervinieron como detonantes el mayor partido de las izquierdas en el conjunto de España, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y el mayor en Cataluña, la ERC, (Ezquerra Republicana de Catalunya) más los comunistas todavía incipientes y escasamente respaldados, añadiéndose algunos sectores anarquistas, siempre combativos contra todo y todos, y con el apoyo político de las izquierdas republicanas. Cuando, en el transcurso de los dos primeros días, el 6 y el 7 de octubre, muchos creyeron en el triunfo de la insurrección, dichas izquierdas, y con especial dureza el partido de Azaña, IR, proclamaron su ruptura con las Instituciones y su disposición a imponerse por cualesquiera medios. Por tanto, la insurrección no fue obra de grupos marginales carentes de representatividad institucional y poder político. Esta cuestión es de suma importancia, ya que una actitud levantisca en los partidos principales de la oposición, o anticonstitucional en los que están en el poder, anula la democracia. Las formaciones políticas responsables de la insurrección armada —a la que aspiraban socialistas, comunistas y separatistas— causaron al régimen republicano una herida incurable.

    Desde 1933 la insurrección socialista perseguía instaurar un régimen de tipo soviético denominada “dictadura del proletariado”. La documentación al respecto es hoy completamente probatoria. En cuanto a los nacionalistas catalanes de izquierda, había divisiones: unos pretendían demoler la legalidad republicana para formar una especie de confederación y otros pensaban en la secesión completa; incluso muchos de los primeros veían la confederación como un paso previo, y amortiguador en ciertas conciencias foráneas, a la secesión; a menos que ellos, en nombre de Cataluña, jugaran el papel dominante, política y financieramente, en el conjunto de España.

    El levantamiento en aquel octubre fue concebido exacta y precisamente como una guerra civil, según consta inequívocamente en las instrucciones secretas para la insurrección. No como una huelga de gran alcance o un golpe de Estado. El contenido abiertamente de confrontación bélica civil en la propaganda de aquellos días tiene a menudo rasgos espeluznantes, como la pública disposición de las juventudes socialistas a realizar con entusiasmo las numerosas ejecuciones previstas, o las exhortaciones al odio como una virtud revolucionaria.

    Equivale el despliegue revolucionario de octubre en Asturias a la primera batalla formal de la guerra civil, aun considerando objetivamente que el foco revolucionario asturiano era parte de una insurrección de esencia revolucionaria desigualmente secundada en otros lugares de España. La contienda bélica —pues eso fue, una guerra, la denominda “de los quince días”— en Asturias fue la más sangrienta, y larga de los sucesos de octubre; pero no se concebía como la decisiva para alcanzar los fines de los impulsores. El diseño de octubre de 1934 trazaba los parámetros de un movimiento conducente a la guerra civil, y no sólo resultó el más sangriento de cuantos la izquierda revolucionaria emprendió en Europa desde el año 1917, sino también el mejor organizado y armado.

    Los revolucionarios pretendían aniquilar la República —que denunciaban burguesa, acomodaticia y laxa con los que ellos consideraban antirrepublicanos y que alternaban en el poder, democráticamente, con esa izquierda “señorial y aséptica” representada en la figura y política de Manuel Azaña—, e implantar la dictadura del proletariado, tendente a la sovietización de la sociedad. El PSOE eligió el camino de la guerra civil porque creyó llegadas las condiciones históricas para derrocar a la burguesía y desplegar la revolución socialista, el socialismo real caracterizado por la imposición y el sometimiento, su objetivo programático. La ERC, por su parte, presididos sus planteamientos por la ambigüedad -no propugnaban ni la guerra ni la revolución-, a diferencia de sus calculadas acciones, no obstante sentó las bases en Cataluña para que se produjeran ambas: la guerra civil y la revolución; la consigna de un “Estado catalán dentro de la República Federal española” subvertía violentamente la legalidad de la II República. Y era el paso previo -el que encubre- al anhelo secesionista.

Los hilos que movieron las sombras

La composición del nuevo Gobierno Lerroux, con tres ministros de la CEDA, se hizo pública al anochecer del día 4 de octubre. Las comisiones ejecutivas del PSOE y de la UGT se hallaban reunidas, a la espera de noticias, en la redacción del diario El socialista, sita en la calle Carranza, 20, de Madrid. En cuanto conocieron los nombres del nuevo Gobierno dieron la orden de iniciar inmediatamente la huelga general revolucionaria que tenían preparada en toda España. En caso de fracasar la huelga y por extensión el movimiento revolucionario acordaron no asumir responsabilidades, achacando la revuelta a una “reacción espontánea del pueblo”.

    Aquella misma noche se registraron las primeras escaramuzas armadas en Madrid, y durante la madrugada en Asturias, resonando el llamamiento insurreccional mediante fortísimas descargas de dinamita que pusieron en pie de guerra al que muy pronto se llamaría “Ejército Rojo”, el cual en la madrugada tomó por asalto veintitrés casas-cuartel de la Guardia Civil ubicadas en las cuencas mineras, con asesinato de muchos guardias. Seguidamente la hoguera se propagó a numerosos puntos del territorio nacional donde los socialistas habían hecho acopio de armas. De todos modos el seguimiento fue muy desigual, con amplias zonas donde la consigna caló poco o el Ejército tomó posiciones preventivas rápidamente. Por ejemplo, se advirtió escaso o ningún movimiento en Galicia -aunque fue declarada la huelga general en las cuatro capitales gallegas-; Andalucía, salvo en algunas localidades mineras de Huelva y Córdoba que inmediatamente atajó el Ejército; Extremadura, la región valenciana, Murcia y las dos mesetas, excepto algún brote muy localizado pero muy violento. En general, allí donde predominaba la CNT la gente se mantuvo quieta, viéndolas venir. Aragón también permaneció bastante pacífico, salvo Zaragoza, donde radicaba el comité nacional de la CNT. Se declaró la huelga, pero sin pasar a mayores.

    En Madrid, los focos subversivos fueron dominados rápidamente por las Fuerzas de Seguridad y el Ejército, aunque las escaramuzas y pacos (disparos de francotiradores) desde azoteas, portales u otros parapetos, se prolongaron hasta el día 9. En cambio, en la cornisa cantábrica los brotes revolucionarios alcanzaron niveles de máximo dramatismo. Así ocurrió en Guipúzcoa, con dos puntos destacados: Eibar y Mondragón. En la primera, los socialistas se hicieron dueños de la población, asaltaron las fábricas de armas y mataron en plena calle al presidente del Círculo Tradicionalista, Carlos Larrañaga. Los duros enfrentamientos con las fuerzas del orden ocasionaron un guardia de asalto y nueve insurrectos muertos, aparte de numerosos heridos. En Mondragón los huelguistas asesinaron al ex-diputado tradicionalista y gerente de la Unión Cerrajera, Marcelino Oreja Elósegui; también asesinaron al consejero de la misma empresa, Dagoberto Resusta. Asimismo Bilbao, y en especial su zona industrial y minera, sufrieron los efectos revolucionarios, pero las fuerzas del Gobierno lograron imponerse pronto y sofocar la situación. Sólo en la parte minera los sediciosos ofrecieron mayor resistencia, pero el día 12 quedaba toda Vizcaya bajo control. En las localidades industriales santanderinas de Torrelavega y Reinosa hubo víctimas, sin embargo la revuelta fue rápidamente sofocada. De igual modo se registraron enfrentamientos violentos en los cotos mineros de Guardo y Barruelo, provincia de Palencia; en esta última localidad fue asesinado el hermano Bernardo, director de las Escuelas Cristianas, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Ángel Sáez de Ezquerra, cuando intentaba parlamentar con los revoltosos, aparte de incendiar la iglesia parroquial y el ayuntamiento. Otro punto caliento se localizó en las minas de Sabero (León), donde se organizó un simulacro de “Ejército Rojo” bajo el mando del maestro de escuela Santiago Riesgo, alias Pelines; ardió la iglesia y el ayuntamiento y cayó asesinado el industrial Ricardo Tascón, con un cartucho de dinamita que le ataron a la cintura.

    De forma simultánea a la orden del PSOE para desencadenar la revolución, el partido de Azaña, Izquierda Republicana, daba a la prensa —se publicó el 5 de octubre— una nota subversiva, que imitaron los demás partidos republicanos no gubernamentales en estos términos: “Izquierda Republicana declara que el hecho monstruoso de entregar el gobierno de la República a sus enemigos es una traición, rompe toda solidaridad con las actuales instituciones del régimen y afirma su decisión de acudir a todos los medios de defensa de la República”.

    Tras el despliegue de agresividad característico de la propaganda izquierdista el 5 de octubre, al día siguiente, 6, tenía lugar la insurrección propiamente dicha. Su carácter violento quedaba de manifiesto desde el comienzo, con asesinatos y proclamas subversivas. En Barcelona, el dirigente de ERC, Companys, anunció desde el balcón principal del palacio presidencial de la Generalidad el nacimiento de: “El Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. Pero los dirigentes de izquierdas no recibieron el apoyo que esperaban de la calle ni de la Guardia Civil o la Guardia de Asalto que no se sumaron al levantamiento. El estallido revolucionario se diluyó prontamente en la mayoría de España; y salvo en Asturias -la cuenca minera y el asedio a la capital Oviedo- en pocas horas quedaron sofocados y reducidos los movimientos insurgentes. Ni el Ejército, con el que el PSOE había mantenido contactos a través de sus infiltrados, ni las masas populares se sumaron al golpe de Estado concebido por el PSOE y la ERC, y por otros avalado desde un segundo plano a la expectativa y a resguardo; aunque para algunos no fuera suficiente el disimulo y la ocultación.

    El 6 de octubre, mientras se extendía el incendio revolucionario socialista en Asturias, Lluís Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña, conocido miembro de la Masonería, proclamaba desde el balcón de la plaza de San Jaime y ante reducido público su diseñado “Estado catalán” y diatribas contra el gobierno legítimo de la República al que señaló como “las fuerzas monarquizantes y fascistas”. Las fuerzas de Orden Público en Cataluña dependían de la Generalidad, pero excepto los Mozos de Escuadra no obedecieron a Companys sino al general Domingo Batet, jefe de la Cuarta División Orgánica, que declaró el estado de guerra y envió algunas unidades del Ejército para disuadir a los rebeldes. Tras una selectiva andanada artillera apuntando la fachada de la Generalidad, Companys se rindió a primera hora de la mañana siguiente, tras una frenética noche de mensajes radiados que sembraron ora la angustia ora el estupor en Cataluña.

    El Ejército buscó por toda Barcelona a Manuel Azaña que por fin fue hallado en su escondrijo y posteriormente encarcelado.

La respuesta del Gobierno

    En la tarde del 5 de octubre de 1934 y hasta bien avanzada la noche, comenzaron a acumularse en la mesa del ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, telegramas alarmantes. Había comenzado la huelga general en Asturias y un ejército de mineros, aproximadamente 30.000, emprendía la marcha sobre Oviedo después de apoderarse de Mieres y de toda la cuenca del Nalón. El socialista Ramón González Peña había asumido el mando de esta tropa revolucionaria. La capital asturiana no estaba en condiciones de resistir un asalto; a su vez, en Gijón, segunda ciudad de la región y principal puerto, algunos barrios se hallaban erizados de barricadas que preparaban reductos para la resistencia. A las ocho de la tarde, ante una multitud de fervorosos, Companys izó en el balcón de la Generalidad la bandera de su neonata República catalana. Pero en Madrid, salvo algunos disparos que, desde la guerra de África, se llamaban “pacos” (o de paqueo) por el doble eco que dejaban oír, la revolución fracasó ya desde el primer instante.

    Desde algunas semanas antes Diego Hidalgo tenía previstas sus decisiones: encargó al general Domingo Batet que, en Cataluña, diese cumplimiento al bando de guerra que Lerroux anunciaba por radio a toda España y dispuso como medida de eficacia militar que se llamase a Francisco Franco, que por aquellos días visitaba Madrid. Hasta la tarde del día 6 no llegó el general Franco al Ministerio, vestido de paisano. A esas horas vespertinas, en Asturias, González Peña ya era dueño de la fábrica de armas de Trubia y disponía de 29 cañones para apoyar a sus mineros. Al obtener Lerroux la firma del decreto de la Presidencia estableciendo el estado de guerra, había proporcionado a su ministro la oportunidad de retener a Franco junto a sí, sin que ocupara ningún cargo oficial, pero con la orden precisa de que le fuera dictando las disposiciones necesarias para acabar con aquella situación.

    A la vista de los informes y datos que le suministraron, Franco únicamente comentó: “Esto es grave; en Oviedo no hay fuerzas para hacer frente a la insurrección”. De hecho, sumando los soldados del Regimiento de Milán y del Batallón de Zapadores de Gijón a las fuerzas de la Guardia Civil, el Gobierno se aproximaba a los dos millares y medio de fusiles en la región asturiana. Llegaban desde otros lugares tales como las Vascongadas, Aragón, Extremadura, León y Palencia, noticias de pequeños brotes revolucionarios de escasa importancia.

    La presencia de Franco y las buenas noticias que llegaban de Barcelona, donde Batet había bloqueado la insurrección, infundió tranquilidad al Gobierno. El propio Diego Hidalgo explicó posteriormente en sus Memorias que Franco no ostentó, en esos momentos, mando alguno, ni sobre las tropas convergentes sobre Asturias, al mando del general López Ochoa, ni en la Jefatura del Estado Mayor, que seguía ostentando el general Carlos Masquelet —seguidor de Azaña, recomendado por éste a Lerroux a modo de un “regalo de amigo”. Instalado en el Gabinete telegráfico, centro neurálgico de comunicaciones, Franco reunía todos los informes para su detenido estudio fijando las noticias en un plano de situación y elaborando las decisiones ejecutivas que pasaba al ministro que las hacía suyas.

    En esta tarea ayudaron a Franco otros jefes militares: el capitán de Navío Francisco Moreno Fernández, el capitán de Corbeta Pablo Ruiz Marset y los tenientes coroneles Jesús Sánchez Posada y Francisco Franco-Salgado. Un colaborador habitual de Franco, Camilo Alonso Vega, estaba en Oviedo defendiendo el cuartel de Santa Clara contra los revolucionarios. Hidalgo no quedó defraudado por la rapidez y eficacia de las decisiones. Franco llamó a Batet y, sin tener en consideración la diferencia de grado entre ambos, le reprochó la lentitud en la batalla de Barcelona; la respuesta de Batet, tranquilizadora, fue que esperaba a la noche porque las circunstancias iban a ser más favorables. De hecho, a las seis de la mañana del día 7 telefoneó al ministro para comunicar la rendición de Companys.

    El ministro Diego Hidalgo, a la vez, y aconsejado, sustituyó en el propio Ministerio a aquellos oficiales que consideraba demasiado fieles a Azaña, llamando a otros de la escala de complemento, y destituyó a los que se mostraban renuentes o vacilaban inconvenientemente a la hora de cumplir las órdenes; sin hacer excepción con sus amigos y parientes. Fue decisión de Francisco Franco el plan de realizar un movimiento convergente sobre el núcleo revolucionario asturiano desde sus tres fronteras, la creación de la columna Solchaga, el empleo de la Flota para el rápido traslado de tropas desde África y hasta la designación de Juan Yagüe para mandarlas.

    Habla Franco con sus colaboradores y el ministro de la sucesión de hechos las semanas anteriores, hasta desembocar en ese presente de guerra declarada, y escribe: “Las armas las había alijado el vapor Turquesa con anticipación y había encontrado todas las facilidades en los gobiernos republicanos que, pretendiendo eran para la revolución en Portugal, se había dado orden a los cónsules en el extranjero para su despacho. La concatenación del intento revolucionario en Asturias, Cataluña y Madrid pretendía les asegurase el triunfo. Fracasado en Madrid, por las previsiones del Gobierno, estrangulado en Barcelona por la rapidez y decisión con que obraron varios Jefes del Ejército al tomar por asalto la Generalidad de Cataluña en que se encontraba el mando de la rebelión en Barcelona, ésta quedó reducida al reducto montañoso de Asturias, donde la revolución había sido concienzudamente preparada por agentes de Moscú”.

    Asturias, pues, fue la excepción a la regla de rápida sofocación de los núcleos insurrectos; los alzados  lograron un éxito inicial y dieron comienzo a un proceso revolucionario que marcaría la pauta para lo que sería la guerra civil de 1936. La desigualdad inicial de fuerzas fue verdaderamente extraordinaria. Los alzados sumaban un ejército de unos treinta mil mineros bien pertrechados gracias a las fábricas de armas de Oviedo y Trubia y bajo la dirección de miembros del PSOE como Ramón González Peña, Belarmino Tomás y Teodomiro Menéndez, aunque una tercera parte de los insurrectos pudo pertenecer a la CNT, obediencia anarquista y al incipiente partido comunista, de obediencia soviética. Dos de sus objetivos inmediatos eran los de dominar hacia el sur el puerto de Pajares para llevar la revolución hasta las cuencas mineras de León y desde allí, con la complicidad del sindicato ferroviario de la UGT, al resto de España, y apoderarse de Oviedo. Frente a los sublevados se oponían mil seiscientos soldados y unos novecientos guardias civiles y de asalto que contaban con el apoyo de civiles en Oviedo, Luarca, Gijón, Avilés y el campo. La acción de los revolucionarios siguió patrones que recordaban trágicamente los males sufridos en Rusia y Finlandia. Mientras se procedía a detener e incluso asesinar a personas tan sólo por su pertenencia a un segmento social concreto, se desataba una oleada de violencia rabiosa contra el catolicismo que provocó desde la quema y profanación de lugares de culto —incluyendo el intento de volar la Cámara Santa— al fusilamiento de religiosos. Los episodios resultaron numerosos y recordaban las atrocidades de los bolcheviques contra los cristianos rusos o las del ejército mexicano contra los católicos.

    La sublevación adquirió caracteres de guerra civil en Asturias, con todas las cuencas mineras alzadas en armas. Se formó un comité de Alianza Obrera, convertido luego en Comité Revolucionario Provincial, instalado en el ayuntamiento de Mieres, para dirigir la revolución. Integraban el comité representantes de todas las fuerzas obreras: socialistas, comunistas, anarquistas —que aquí sí se incorporaron a la revuelta, a diferencia de otros lugares de España— y el minúsculo BOC (Bloque Obrero y Campesino), todos ellos bajo el mando supremo del diputado socialista Ramón González Peña, al que los suyos pronto llamaron “Generalísimo”. El grito de guerra fue UHP (Unión de Hermanos Proletarios), que se haría famoso desde entonces como sinónimo de revolución. Se publicó un bando en todas las comarcas dominadas por los facciosos “llamando a filas”, a todo el proletariado, para formar el Ejército “rojo”. Apremiaba a incorporarse a todos los trabajadores “que estén dispuestos a defender con su sangre los intereses de nuestra clase proletaria (…) contra nuestros explotadores, el clero, los militares podridos (…). Curiosamente, los mineros sublevados tenían trabajo estable asegurado y eran los asalariados mejor pagados de España, merced a las subvenciones estatales a unas minas deficitarias. El autodenominado Ejército Rojo se hizo dueño de las cuencas mineras y en el acto dieron iniciaron los asesinatos y toda clase de tropelías.

    Cuando llegaban a Mieres camiones con paisanos y sacerdotes detenidos gritaban: “¡Llevamos fascistas, llevamos curas!”. El mismo día 5 se dirigieron a Oviedo, y mantuvieron la capital asediada durante una semana. Bombardearon, dinamitaron o incendiaron edificios tan emblemáticos como la Universidad, donde ardieron los cien mil volúmenes de su biblioteca, o la Cámara Santa de la catedral, aparte de un elevado número de fincas urbanas particulares. La calle Uría, una de las principales, quedó reducida a escombros en gran parte. Prendieron fuego al palacio episcopal, al seminario diocesano, al convento de Santo Domingo, a la delegación de Hacienda, al banco Asturiano, al hotel Covadonga, a los almacenes Simeón y al colegio de niñas huérfanas recoletas de Santa Catalina. González Peña ordenó forzar las cámaras acorazadas del Banco de España, de las que los dirigentes revolucionarios sustrajeron 14.425.000 pesetas, que no volvieron a recuperarse. Intentaron también volar la caja fuerte del Banco Herrero sin conseguirlo antes de huir de Oviedo. Un personaje especialmente sanguinario de aquellas jornadas fue un dependiente de comercio, muy conocido en la ciudad, de apariencia bonachona y apacible, llamado Jesús Argüelles Fernández, alias Pichilatu; posteriormente sería uno de los dos condenados a muerte cuyas sentencias se ejecutaron, junto al sargento Diego Vázquez, desertor.

    El mismo día 6 de octubre habían quedado sofocados enérgicamente los brotes revolucionarios en el resto de España, especialmente virulentos en Madrid y en Vascongadas, aunque de proporciones reducidas. La atención gubernamental, pues, se centraba en Barcelona y Asturias. La primera medida del general Franco, que conocía perfectamente el teatro de operaciones asturiano, fue enviar a Barcelona un destacamento y a Asturias, a bordo de la Escuadra, una columna de choque formada por fuerzas de la Legión y los Regulares. En Barcelona los legionarios desembarcaron cuando ya la rebelión había sido sofocada por el general Batet, quien había asegurado el orden constitucional en toda Cataluña.

El frente catalán

Aunque el de 1934 se trata de un alzamiento doble y en paralelo, para la independencia en Cataluña y para la revolución social en Asturias, el Gobierno procedió como si se tratara de uno solo. Aunque preparado y dotado de propaganda, insurgencias y armamento desde bastante tiempo atrás, hubo vacilaciones de última hora que incidieron negativamente en los propósitos de los alzados. En la noche del 4 de octubre todavía muchas delegaciones socialistas carecían de las instrucciones precisas para acometer los objetivos inmediatos. Sin embargo, eludiendo la descoordinación y obviando las indecisiones, la llegada a Mieres de Teodomiro Menéndez aquella misma tarde desencadenó la acción. Fue Lluís Companys, el 5 de octubre, quien se adelantó a la supuesta maniobra conjunta con los socialistas, proclamando la República independiente de Cataluña; admitiendo, por si acaso el resultado no era por completo el apetecido, la posibilidad de negociar posteriormente un acuerdo federal con otras repúblicas ibéricas entre las que incluía Portugal. Azaña estaba en Barcelona, instalado en el hotel Colón, tratando de evitar con sus gestiones no precisamente el alzamiento contra el Gobierno, que le convenía y avalaba, sino la ruptura, la secesión, lo que fue interpretado como apoyo a los nacionalistas-separatistas.

    La insurrección de Cataluña, organizada y promovida enteramente por las propias autoridades catalanas, tuvo más de ópera bufa que de verdadera revolución, aunque ocasionó víctimas y amenazaba con graves consecuencias políticas de no haber actuado el Gobierno Lerroux con rapidez y firmeza. Desde el primer instante del nuevo régimen, abril de 1931, los separatistas de Esquerra Republicana andaban buscándole las cosquillas a la República. Así, en la madrugada del 6 al 7 de octubre de este 1934 dieron su propio golpe de Estado para declararse independientes, repitiendo el envite de Maciá del cercano en el tiempo y la memoria 14 de abril de 1931.

    Aproximadamente a las ocho de la tarde el presidente Companys apareció en el balcón principal del palacio de la Generalidad proclamando, según la fórmula impuesta por Azaña en negociaciones a distancia de calles y contrarreloj, el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. El gobierno español reaccionó según la exigencia con prontitud, ordenando al general Domingo Batet, jefe de la IV División Orgánica de Cataluña, antes Capitanía General, que proclamase el estado de guerra y procediera de inmediato a sofocar la rebelión. Sobre las diez de la noche llegaron a la plaza de la República (plaza de San Jaime) dos piezas del 1.º Regimiento de Artillería de Montaña, al mando del comandante Fernández Unzúe. Más tarde se unieron a las fuerzas del Ejército una compañía de Infantería y otra de ametralladoras del 10.º Regimiento. Enrique Pérez Farrás, también comandante de Artillería, nombrado por el Gobierno central jefe de los Mozos de Escuadra, salió a parlamentar con Unzúe, pero en lugar de atender los requerimientos de este último, Pérez Farrás mandó hacer fuego contra las tropas gubernamentales, hiriendo mortalmente al comandante Suárez y a un soldado, y dejando heridos a un capitán y seis soldados. Los agresores se retiraron al interior de la Generalidad donde se atrincheraron.

    Los comandos o partidas (escamots) —miles según la propaganda política difundida ampliamente por los promotores— que había dispuesto el médico Josep Dencás, consejero de Gobernación del gobierno catalán, a las órdenes de Miquel Badía, comisario de Orden Público, en cuanto oyeron los cañonazos, emplazadas las piezas frente a la Generalidad y las ráfagas de ametralladoras, situadas en algunas azoteas próximas, no esperaron a “morir como héroes” —según la versión enfática recogida anteriormente por los medios de comunicación afectos al alzamiento— y emprendieron la desbandada sin ofrecer apenas resistencia. La batería disparó dieciséis cañonazos a lo largo de toda la noche, pero once de los proyectiles estaban vacíos o no llevaban espoleta, por lo que no podían estallar. En definitiva, se trataba más de hacer ruido, de un artificio o simulacro para asustar al enemigo, que de fuego real. La pirotecnia bastó para someter a los amotinados. Cerca de las seis de la madrugada, después de diez horas de “flamante” Estado catalán, Companys radiaba el mensaje de la rendición; él y sus colaboradores fueron detenidos y encarcelados.

    Más grotesca aún fue la actuación del “Estado mayor del Ejército catalán” instalado en la consejería de la Gobernación, antigua sede del Gobierno Civil. Estaba integrado por el consejero, Dencás; el comisario general de Orden Público, Badía; el capitán de Artillería y piloto de la Aeronáutica Militar, Arturo Menéndez, director general de Seguridad en tiempos de Azaña y en aquellas fechas oficial de los Guardias de Asalto a las órdenes del teniente coronel Ricart; el comandante también artillero, Jesús Pérez Salas, comisario general de Somatenes de Cataluña y Jefe Superior de Policía de Barcelona, cargos ambos de designación por el Gobierno central; José María España y el paisano Daniel Domingo Montserrat, miembro del BOC (Bloque Obrero y Campesino) pasado al esquerrismo (ERC). Dencás y Badía se habían vestido al estilo militar, más que como parodia para solemnizar tan magna ocasión por interpretar con atavío acorde el papel de altos estrategas. Al conocer el anuncio radiado de Companys proclamando la independencia lo celebraron con festín y alborozo. Entre tanto, por parte del Ejército, a la puerta de Capitanía se instaló un cañón que enfilaba y batía la consejería de Gobernación donde corría el licor y los parabienes; el cañón disparó poco pero el ruido que hizo sembró el pánico entre los participantes de la “victoria”. Creyéndose perdidos, demandaron inmediato socorro a todos los comandos y partidas de Barcelona, a los acuartelados en poblaciones vecinas también, pero nadie acudió a liberarlos de los disparos de intimidación.

    Josep Dencás, otrora el más vibrante y exaltado de los insurrectos separatistas, se agarró al micrófono de Radio Barcelona e hizo un llamamiento desesperado pidiendo la ayuda de todos los españoles para que acudiesen en auxilio de Cataluña, el último y más firme baluarte de la República; terminó la temblorosa arenga con un tonante ¡Viva España!, que todos los allí reunidos corearon estruendosamente entre aplausos. Seguramente era la primera vez que de la boca de Dencás y amigos afloraba el por ellos considerado repugnante nombre de España, además acompañado de vítores y aplausos. Pero como su demanda de auxilio no fue recogida por nadie y su falaz recientísima conversión al españolismo tampoco, los atrincherados optaron por huir a través de las alcantarillas con el dinero previsto para una contingencia desfavorable; siempre previsores ellos. Poco antes o poco después cesaron en su actitud levantisca todos, claudicando con acelerada disposición el resto de los focos subversivos: Ayuntamiento, Comisaría General de Orden Público, centros de Estado Catalán, etc. Sólo hubo dos posiciones que ofrecieron cierta resistencia: el Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y la Industria, y la Comandancia general de Somatenes; en los dos lugares se utilizó la artillería para reducirlos.

    En el resto de Cataluña se registraron algunos hechos de corte revolucionario, en determinadas lugares y a manos mayormente de anarquistas. Sin embargo, en Barcelona la CNT se mantuvo al margen al no recibir armas. En otras poblaciones, pese a la organización previa por parte de determinados políticos, policías municipales y jueces de paz ni los obreros ni los arrendatarios agrícolas, muy trabajados políticamente desde años atrás, se adhirieron a la huelga general ni a la correlativa subversión. Hubo episodios localizados de violencia callejera, desmanes, persecución y asesinatos. La rebelión, a pesar de sus limitadas proporciones y su rápido sofocamiento, produjo sólo en Barcelona capital 46 muertos y 117 heridos, de ellos 18 muertos y 75 heridos pertenecían a la fuerza pública. En el aspecto material las pérdidas fueron muy elevadas, entre otras razones porque la huelga afectó a 400.000 trabajadores que pararon del 5 al 9 de octubre, además del daño producido a los transportes públicos y a las infraestructuras viarias.

    Entre todos lo cómplices de la Esquerra separatista destaca Azaña. Él fue el paladín más decidido del Estatuto. Por los votos de la Esquerra, indispensables para el quórum parlamentario, hizo caso omiso del unánime clamor del resto de España y buena parte de los catalanes que no deseaban alistarse a las pretensiones de la izquierda. No en vano, y Azaña lo tenía muy presente, se trataba de llevar hasta sus últimas consecuencias el cumplimiento del pacto de San Sebastián con los separatistas.

El frente asturiano: Los primeros días

Luego del estallido revolucionario en Asturias el día 6, definidas las primeras acciones por los revolucionarios: desmantelar las casas-cuartel de la Guardia Civil, bloquear al Ejército y las Fuerzas de Orden Público, adueñarse de las fábricas de armamento y poner en pie de guerra a la población adicta o más o menos  afecta a la insurrección, fueron los sacerdotes y religiosos el paso siguiente: 33 en las dos semanas que duró la dominación revolucionaria.

    El autoproclamado “Ejército Rojo”, tras apoderarse de las cuencas mineras y de la fábrica de armas de Trubia, asediaba con fuerzas diez veces superiores a las guarniciones de Gijón y Oviedo.

    El día 7 de octubre, la totalidad de los seminaristas de Oviedo, seis, fue pasada por las armas al descubrirse su presencia, siendo el más joven de ellos un muchacho de dieciséis años. Lo mismo sucedió con los ocho hermanos de las Escuelas cristianas y un padre pasionista que se ocupaban de una escuela en Turón, un pueblo en el centro de un valle minero. Concentrados en la casa del pueblo, un comité los condenó a muerte considerando que al ocuparse de la educación de buena parte de los niños de la localidad tenían una influencia indebida sobre ellos; dos días después eran asesinados. Los habitantes de Turón que habían sido testigos de los esfuerzos educativos de los religiosos y de la manera en que se había producido su muerte, los consideraron mártires de la fe desde el primer momento; serían beatificados en 1990 y canonizados el 21 de noviembre de 1999. Formarían así parte del grupo de los diez primeros santos españoles canonizados por martirio. Los partidarios de la revolución -como en Rusia- habían decidido exterminar a sectores enteros de la población y para llevar a cabo ese objetivo no estaban dispuestos a dejarse limitar por garantías judiciales de ningún tipo.

    En la tarde del 7 de octubre y en escenario opuesto, el general Francisco Franco, el ministro Diego Hidalgo y el presidente Alejandro Lerroux tuvieron noticia de que el general López Ochoa estaba con sus fuerzas entre Trubia y Grado, casi al alcance de Oviedo, pero que los revolucionarios habían derrotado y detenido en Vega del Rey a la columna del general Bosch, procedente de León, de modo que la situación podía invertirse. Consejo fulminante de Franco: sustituir a Bosch por el general Balmes y encargar al coronel Antonio Aranda el mando de la retaguardia. Lo importante para la estrategia gubernamental era que López Ochoa conservase sus posiciones mientras se le enviaban refuerzos capaces de desnivelar los poderes enfrentados. El crucero Libertad, que desde Galicia traía las primeras ayudas, telegrafió que resultaba imposible desembarcar en Avilés; sin consultar en este caso con el ministro, Franco le indicó que fuese al puerto gijonés de El Musel pues lo importante era disponer de una cabeza de puente.

    Gijón vivió la tarde del 7 de octubre bajo tensión de guerra. Silbaban por encima de las casas los proyectiles disparados desde el crucero contra las barricadas de El Llano y Cimadevilla; en pocas horas la lucha había terminado y los dos puertos gijoneses, interior y exterior, quedaron disponibles para los soldados de la República. Pero el día 8 llegaron a Madrid malas noticias: calle a calle los revolucionarios se estaban apoderando de Oviedo, que presentaba ya muchas destrucciones. La Telefónica, el cuartel de Santa Clara y el de los Carabineros se habían perdido y la resistencia cesaba. En ese momento el Comité de la “República de obreros y campesinos de Asturias” lanzando un manifiesto con frases como las siguientes: “el avance progresivo de nuestro glorioso movimiento”; “son muchísimas las poblaciones españolas en donde el movimiento está consolidado con el triunfo de los trabajadores, campesinos, obreros y soldados”; “el enemigo fascista se va rindiendo, así como se van entregando los componentes mercenarios con su aparato represivo”; “las fuerzas del Ejército de la derrotada República del 14 de abril se baten en retirada y en todas nuestras avanzadillas se van sumando los soldados para enrolarse a nuestro glorioso movimiento”.

    El día 8, el coronel jefe del 10.º Tercio de la Guardia Civil, previa consulta con el comandante militar de la plaza, dispuso la evacuación del cuartel de la Benemérita hacia el acuartelamiento de Pelayo, alegando que la presencia de las familias de los guardias dificultaba la defensa de la casa cuartel. Entre tanto, muchos puestos de la Guardia Civil en las cuencas mineras resistían con heroicidad hasta el último hombre, y los que caían prisioneros de los facciosos eran fusilados sin pérdida de tiempo. Por su parte, el coronel director de la Fábrica de Armas de Oviedo, al conocer la decisión del Jefe de la Guardia Civil, dispuso también la retirada al cuartel de Pelayo de los cien hombres que componían la guarnición de la fábrica. En el repliegue abandonó 21.115 fusiles, 198 ametralladoras y 281 fusiles ametralladores. El mando le había ordenado que quietara los cerrojos de tan inmenso arsenal, pero no lo hizo. La oficialidad propuso con insistencia prender fuego al almacén, pero tampoco hizo caso.  Al final, únicamente ordenó el traslado de las municiones, unos dos millones de cartuchos, no obstante, como dejó intacta la fábrica, los revolucionarios la pusieron inmediatamente a funcionar. Los hechos narrados demuestran la dejación del Ejército, reflejada en la conducta cobarde de sus jefes, desmotivados por las reformas de Azaña.

    El 9 de octubre Franco fue advertido de que el teniente coronel López Bravo, al mando de las tropas embarcadas en el cañonero Segarra, había comentado con sus compañeros que no iba a dar la orden de disparar contra hermanos. El general pasó una nota al ministro y éste ordenó el retorno del barco a La Coruña y el arresto de López Bravo. Inmediatamente un autogiro fue enviado a San Leonardo de Soria donde veraneaba el teniente coronel Juan Yagüe, para trasladarlo a Gijón, en cuya plaza de San Lorenzo desembarcó en la mañana del día 10. Todavía dentro del día 9 de octubre, González Peña hizo volar las cajas fuertes del Banco de España en Oviedo para proveerse de fondos; demasiado tarde porque López Ochoa -que a través del puerto de Pajares había penetrado audazmente en el interior de Asturias consiguiendo romper el cerco minero sobre Oviedo, donde la mayoría de la población civil apoyaba al Ejército y a la Guardia Civil, pese a las indecisiones por parte de algunos mandos- ya contaba con 15.000 hombres e iba a tomar la iniciativa.

    En el momento de publicarse el manifiesto arriba esbozado, los socialistas tenían una fuerte moral de victoria, si bien la posesión de Avilés y Gijón daba ya al Ejército una superioridad decisiva. Pero el día 11 la revolución entró en un proceso acelerado de declive; aislado, el núcleo asturiano carecía de virtualidad. A partir del 12 empezó a notarse la presencia en los alrededores de las avanzadillas de las tropas desembarcadas en Gijón, procedentes de Ceuta, que se abrían paso con dificultad a causa de la fuerte resistencia de los mineros. Integraban estas fuerzas dos banderas de la Legión, un tabor de Regulares y un batallón del Regimiento de Cazadores de África. (La decisión de utilizar el ejército de África ya había sido tomada por Manuel Azaña para sofocar las revueltas anarquistas, y el conato de golpe de estado protagonizado por el general Sanjurjo, “la sanjurjada” —sin que en este caso fuera precisa ninguna intervención—, durante los gobiernos entre republicanos de izquierda y socialistas en los años precedentes).

    Al llegar con su columna al alto de la Corredoria, desde donde dominaba los accesos a Oviedo, Yagüe telefoneó a López Ochoa, que estaba al otro lado de la ciudad, para informarle de que las tropas estaban ya entrando en la capital, sembrada de ruinas, envuelta en humo y polvo, a fin de liberar los escasos defensores que aún se mantenían en algunos reductos.

    Oviedo fue liberada el 14 de octubre; su defensa había sido deplorable. Cuando López Ochoa llegó al cuartel de Pelayo, refugio del mando militar de la plaza, encontró encerrados allí a 940 hombres con dos coroneles, dos tenientes coroneles y nueve comandantes, a pesar de lo cual nadie mandaba de hecho. El informe del general García Álvarez, designado por el Gobierno para esclarecer los sucesos, decía: “Si los jefes que tenían a su cargo el mando de las fuerzas del cuartel de Pelayo hubieran actuado como requerían las circunstancias, la revolución no hubiese tomado las proporciones que alcanzó en Asturias”.

El frente asturiano: Los últimos días

En sus proclamas, los revolucionarios hablaban de reducir Oviedo a cenizas antes de entregarla: “Sepamos, antes que entregarla al enemigo, confundir a éste entre sus escombros, no dejando piedra sobre piedra”. En buena medida lo cumplieron. En aquellos días incendiaron manzanas de casas enteras; mediante una gran explosión de dinamita destruyeron en buena parte la biblioteca de la universidad y el edificio mismo, dañaron seriamente la catedral y dinamitaron la Cámara Santa, una joya del románico europeo. Otra acción que iba a reprochárseles largamente fue el saqueo de las cajas de la sucursal del Banco de España y otros, que dotaría al PSOE con fondos cuantiosos para la huida de sus dirigentes, la propaganda apologista posterior e incluso la campaña electoral de febrero de 1936.

    Los dirigentes de la revolución alentaban a los revolucionarios de a pie con noticias falsas de que la rebelión se extendía por toda España y de que la Unión Soviética iba a enviar fuerzas para consolidarla. Y era verdad que la Internacional Comunista hacía un gran esfuerzo de movilización internacional a favor de los revolucionarios españoles, aunque sin el anunciado envío de barcos o tropas, mientras que la Internacional Socialista actuaba con pies de plomo a pesar de ser el PSOE miembro de ella.

    De todas formas, al concluir la primera semana de combates dio inicio el reflujo del movimiento revolucionario en Asturias, mientras iban imponiéndose las tropas gubernamentales enviadas por Franco, a la vez que entre los propios dirigentes y facciones de la insurrección aumentaban las diferencias y sabotajes mutuos. Al primer comité insurreccional le sucedió, el día 12, un segundo, dominado por comunistas y jóvenes socialistas. El periodista de izquierda José Canel, describe en su libro Octubre rojo en Asturias como el nuevo comité “no presidió más que la anarquía y la represalia. Ante la noticia de que habían llegado las tropas se recrudecieron los saqueos y la indisciplina. […] Bajo el ruido de los disparos se oían las canciones de los borrachos, más tristes en la noche del Oviedo en ruinas. […] La dinamita se utilizaba sin objetivo concreto, por simple afán de destruir. La revolución había enloquecido y se lanzaba vertiginosamente hacia el caos. El comité era cada vez más desobedecido, y pronto abandonó la partida, después de intentar alistar en masa a la población en un Ejército Rojo”.

    Llegaron las noticias a Madrid con toda urgencia: Oviedo, liberada, carecía de agua, de luz y de alimentos. La universidad había sido volada. La Cámara Santa profanada e incendiada. Francisco Franco, al estilo militar, recomendó entonces medidas inmediatas encaminadas a paliar las carestías, una de las cuales fue el inmediato envío desde Galicia de un rebaño de vacas para alimento de la población. Tuvo, además, que intervenir personalmente para mediar entre el teniente coronel Juan Yagüe y el general López Ochoa, que se profesaban recíproca antipatía y sostenían criterios opuestos respecto al trato que había que dar a los revolucionarios. López Ochoa, masón, intentaba ahora suavizar en lo posible los efectos de su victoria, mientras que Yagüe era partidario de las represalias. Franco dio apoyo a López Ochoa, porque era superior en grado, aunque no ocultó su estima por la eficacia que Yagüe diera a las operaciones.

    La actitud del general López Ochoa, tendente a la benevolencia con alguno de los cabecillas alzados —ideológicamente afines— no evitó que fuese asesinado en Madrid, en el verano de 1936, por aquellos que pretendió defender, con detalles de escalofriante crueldad mientras la Masonería repudiaba su persona y su memoria. Franco no simpatizaba con la ideología masónica de López Ochoa, y tampoco con el desempeño de su misión militar: “La marcha de López Ochoa (una vez en territorio asturiano) era lenta y con excesivas paradas; parecía no querer llegar. La tragedia del masón. Su pacto con Belarmino (Tomás), al que dejó marchar. (La tragedia del masón enfrentado a sus correligionarios). Si no se obra como se obró, hubiese triunfado la revolución”, dejó escrito.

    El 12 de octubre el “Ejército Rojo”, como así mismas se denominaban las milicias revolucionarias, comenzó a dispersarse. En la última etapa de aquella sangrienta guerra local, los comunistas, poco importantes al principio, aparecieron galvanizando la resistencia a fin de aparecer en el futuro como dirigentes principales y forzar las represalias. La aventura terminó el 18 de octubre, cuando López Ochoa aceptaba la capitulación ofrecida por Belarmino Tomás en nombre del comité revolucionario. En todo momento quedó bien claro que la revolución de octubre había sido hecha en nombre y bajo la dirección del Partido Socialista (PSOE), aunque en ciertos lugares y en ciertos episodios se registrase también la vigorosa participación de anarquistas y comunistas. Octubre es una fecha mítica en el marxismo internacional: la de la revolución soviética, que por entonces parecía el modelo excelso. Los ideales de quienes impulsaron el movimiento se dirigían a establecer en España una República de corte soviético.

    El día 14 Francisco Largo Caballero era detenido en su casa, donde se había refugiado después de dar por fracasado el intento. Había llegado allí atravesando los numerosos controles policiales y militares, oculto en una ambulancia, pero algún vecino había sospechado y denunciado al dirigente político socialista. Dada la infiltración socialista dentro de la Policía, al llamar a su puerta y comunicarle la detención le concedieron tiempo suficiente para proceder a la destrucción de documentos y pruebas comprometedores.

    En Asturias las tropas progresaban en todas las direcciones. El 16, a poco de su derrota definitiva, el Comité provincial revolucionario lanzaba un manifiesto donde volvía a incidir en algunos de los aspectos fundamentales de la sublevación: “¡Obreros: en pie de guerra! ¡Se juega la última carta! Nosotros organizamos sobre la marcha el Ejército Rojo. Lo repetimos: En pie de guerra. ¡Hermanos!, el mundo nos observa. España, la España productora, confía su redención a nuestros triunfos. ¡Qué Asturias sea un baluarte inexpugnable! Y si su Bastilla fuera tan asediada, sepamos, antes que entregarla al enemigo, confundir a éste entre escombros, no dejando piedra sobre piedra. Rusia, la patria del proletariado, nos ayudará a construir sobre las cenizas de lo podrido el sólido edificio marxista que nos cobije para siempre. Adelante la revolución. ¡Viva la dictadura del proletariado!”

    Sin embargo, el ímpetu revolucionario, ya muy decaído desde el día 10, se venía abajo. El día 18, el jefe insurreccional del momento, Belarmino Tomás, negociaba la rendición ante el general López Ochoa. Los dos eran masones por lo que hubo un entendimiento que no gustó nada a Juan Yagüe, jefe de las tropas procedentes de África. Tomás y López Ochoa acordaban que los valles mineros serían ocupados, pero no irían en vanguardia los legionarios. La tensión entre Yagüe y López Ochoa llegó a un paso de la agresión. Finalmente se impuso López Ochoa, que, además, permitió la huida de los dirigentes. Pese a lo pactado, únicamente fueron entregadas 4.100 armas, una pequeña parte de las que obraban en poder de los revolucionarios, y casi nada del dinero robado de los bancos. Los últimos llamamientos socialistas no hablaban de rendición, sino de “un simple alto el fuego”, “un alto en el camino, un paréntesis”. No mostraban el menor arrepentimiento por su ataque a un gobierno democrático, sino el sentimiento de que la próxima vez triunfarían.

Epílogo a la revolución: valoraciones, consecuencias y política

El escritor y cronista político Josep Pla, que como la mayoría ignoraba las instrucciones secretas para la guerra civil de octubre, extraía la siguiente conclusión: “No ha de creerse que los sucesos de Asturias han sido la consecuencia de una llamarada momentánea. No creo que en la historia de las revoluciones fracasadas de Europa haya habido un precedente tan enorme como Oviedo. Es la política la que ha hecho posible esta hecatombe. Los hechos de Asturias son el final implacable de un proceso comenzado tres años antes, como la noche del 6 de octubre en Barcelona es el final de un proceso inaugurado con la entrada del señor Macià en la política catalana”.

    Las operaciones en las cuencas mineras se prolongaron hasta el día 19 de octubre, pero numerosos mineros bien armados (pertrechados con aquellas armas que no fueron entregadas al Ejército ni requisadas por López Ochoa) se echaron al monte y durante un tiempo vivieron en actitud de rebeldía. El balance de bajas en Asturias, en uno y otro bando, fue el siguiente: 855 paisanos muertos y 1.449 heridos entre los que perecieron en el frente de batalla y los asesinados en la retaguardia por los revolucionarios; 219 muertos y 622 heridos entre militares y fuerzas del orden público; y 33 sacerdotes y religiosos asesinados. Resultaron destrozados 63 edificios públicos, 58 iglesias, 26 fábricas, 59 puentes y 730 inmuebles particulares; además, las izquierdas habían realizado destrozos en 66 puntos del ferrocarril y 31 de las carreteras. De este modo concluía en Asturias el primer asalto de la guerra civil. Joaquín Maurín Juliá, procedente del anarquismo pero entonces metido en el BOC (Bloque Obrero y Campesino) y finalmente cofundador del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), lo anunciaba sin tapujos: “En octubre, prólogo luminoso de la segunda revolución, acababa la primera revolución y empezaba la segunda”.

    La represión ejercida por el bando revolucionario se cifra en unos 200 muertos en total, de ellos 33 sacerdotes y religiosos. El gobierno nombró jefe de la represión gubernamental en Asturias al comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval, quien ejerció una intensa actividad policial en toda la Comandancia asturiana, con descubrimientos de numerosos escondrijos de armas y municiones y detención de cientos de implicados, con un balance de 22 muertos en su gestión. Doval, nombrado delegado especial del Gobierno el 2 de noviembre de 1934, sería destituido a propuesta de Gil Robles, que había recibido quejas serias del Gobernador Civil de Oviedo. Los agentes de Doval, miembros de la Guardia Civil, actuaban con gran dureza; estaban bajo la presión de las crueldades que sus compañeros, guardias civiles y de asalto, habían tenido que sufrir y no eran, por tanto, medios adecuados para la represión. Aparte de explosivos y armas cortas se recogieron 89.354 fusiles, 49 cañones, 711 ametralladoras y 149 fusiles ametralladores.

    Se formaron consejos de guerra contra los rebeldes en Asturias y Cataluña. En Barcelona se dictaron algunas penas de muerte de las que no se ejecutó ninguna por aplicación del indulto. También fueron condenados a muerte e indultados el diputado socialista Ramón González Peña y otros responsables principales de la revolución asturiana; sólo se ejecutó la sentencia de fusilamiento contra cuatro personajes secundarios, entre ellos un sargento por deserción. Sufrieron pena de cárcel numerosos revolucionarios en toda España, sobre todo en Asturias y el gobierno de la Generalidad en pleno.

    Los sucesos de Asturias, especialmente, fueron muy sangrientos a pesar de su corta duración. Los revolucionarios causaron muchas víctimas, obedeciendo a las consignas recibidas. La represión gubernamental fue, después, poco acertada, abundante en vacilaciones, excesivamente amplia en cuanto al número de detenidos y contradictoria en relación con los castigos. En toda España ingresaron en prisión unas quince mil personas por su participación en el alzamiento armado; la conspiración guerra civilista se hallaba muy ramificada, pero durante los meses siguientes fueron saliendo en libertad la mayor parte de los detenidos. Sin embargo, el mayor coste del alzamiento protagonizado por los nacionalistas-separatistas catalanes, el PSOE (socialistas), la CNT (anarquistas) y, en menor medida, el PCE (comunistas), fue político. Con su desencadenamiento, las izquierdas habían dejado de manifiesto que la república parlamentaria carecía de sentido para ellas, que no estaban dispuestas a aceptar el veredicto de las urnas si les resultaba adverso, que su objetivo era la implantación de la dictadura del proletariado —una meta no tan claramente abrazada por los nacionalistas catalanes, que optaban por el secesionismo— y que, llegado el caso, no dudarían unos y otros en volver a recurrir a la violencia armada para lograr sus objetivos.

    El republicano Salvador de Madariaga, en su obra España, pp. 434-435, levantó acta de lo que acababa de suceder con aquella revolución frustrada: “El alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hace ya tiempo. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era, a la vez, hipócrita y falso. Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936”.

    A partir de la sublevación socialista-secesionista catalana de 1934 quedó trágicamente de manifiesto que las izquierdas no respetarían la legalidad republicana y se acrecentó el miedo de las derechas a un nuevo estallido revolucionario que acabara con el sistema parlamentario y, exterminando a sectores enteros de la población, desencadenara una revolución cruenta a remedo de la soviética en Rusia. Los sucesos de octubre fueron el antecedente y desencadenante de la cercana guerra civil. Durante el alzamiento revolucionario-secesionista, las Fuerzas Armadas y las de Orden Público permanecieron, salvo contadas excepciones, fieles al Gobierno, y la mayoría de la población española no deseaba embarcarse en el proyecto soviético; por eso la revolución no se precipitó hacia una guerra civil formal. En julio de 1936 las Fuerzas Armadas y las de Orden Público actuaron profundamente divididas y la población española también, abierta e irreconciliablemente enfrentada; por eso se planteó el conflicto como guerra civil prolongada.

    Por su parte, el gran preparador logístico de la revolución de Asturias, el socialista Indalecio Prieto, declararía solemnemente en 1942 (Discursos en América, confesiones y rectificaciones, ed. Tollocán, Méjico, 1944): “Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en el movimiento revolucionario de octubre. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de  responsabilidad en la génesis de aquel movimiento; pero la tengo plena en su preparación y desarrollo”.

    El inconcluso conflicto de octubre condicionó y determinó la política española los siguientes 21 meses, hasta julio de 1936, bandera de combate para unos y espectro aterrador para otros, sin lugar a la reconciliación o al pragmático olvido. A lo largo del año 1935 estallaron varios procesos bélicos de reducida dimensión, pero suficientes para anular cualquier intento serio de pacificación. Entre esos procesos destaca la hegemonía del sector revolucionario de Largo Caballero en el PSOE, que el grupo de Indalecio Prieto no logró contrarrestar. El único sector legalista y pacífico del PSOE era el encabezado por Julián Besteiro, quedando laminado por las otras dos facciones de mayor peso y beligerancia en el seno de esta formación política.

    El fracaso del intento llevó a los políticos de izquierda, y posteriormente a los historiadores afectos, a maquillar los hechos, a mutilarlos o a procurar su olvido. La propaganda próxima a los sucesos, en especial durante la campaña electoral de 1936 y, luego, bajo el predominio del Frente Popular, contribuyó con exageraciones, medias verdades, mentiras manifiestas y absoluta exculpación de los responsables de la revuelta, a aumentar el desconcierto y el odio.

    Describe la planificación propagandística el historiador Ricardo de la Cierva en su obra Socialismo, pp.120-121: “Durante los seis últimos días revolucionarios, mientras los líderes socialistas, con el dinero que habían tomado en los bancos, huían al monte, trataban de esconderse o emigraban, los comunistas se situaron en primer plano. Ni después del 12 de octubre de 1934, fecha inicial de la desbandada socialista, ni después del 5 de marzo de 1939, fecha inicial de la revuelta comunista con la que terminó la guerra civil, hubo propósitos auténticamente numantinos por parte del comunismo en España. Los propósitos fueron mucho más sencillos y mucho más inteligentes: dejar montada una cabeza de puente propagandística, apoderarse de una revolución cuando se hundía políticamente, pero históricamente comenzaba a convertirse en mito, y agrupándose bajo la nueva bandera raptada conseguir al fin el sueño nunca abandonado de frente único por la base y esperar, lo que no parecía nada improbable, a convertirse en vanguardia y en grueso del próximo ejército rojo en cuanto el eterno retorno del péndulo español lo permitiese”.

    La maniobra propagandística estaba prevista desde el primer momento, pues, como consta en sus propios testimonios, los jefes socialistas habían acordado, en caso de derrota, negar cualquier responsabilidad, atribuyendo el movimiento a una protesta espontánea “del pueblo” por el acceso de la CEDA al gobierno. La defensa de la Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, negando las evidencias con descaro absoluto, resulta un documento desbordante de patetismo. También en Barcelona habrían sido las masas “espontáneamente” las causantes del desorden, y el gobierno autónomo el que había buscado “una salida” a la situación. Había ocurrido exactamente al revés. El PSOE y la ERC habían intentado llevar las masas a la guerra civil, y la inmensa mayoría de la gente prefirió mantenerse en la legalidad. Por esa actitud de la población, ante todo, fracasó el movimiento.

    Pero esa misma propaganda que la izquierda, ducha en tales menesteres, comenzó a desplegar muy pronto, una vez comprobado que la represión sobre ella era más teórica que práctica, a extremo condescendiente para quienes pretendieron abocar a España a una tiranía de corte soviético, sin proceder a la ilegalización de las formaciones políticas implicadas, permitía intuir y deducir que llegada de nuevo al poder los revolucionarios serían considerados rectos y los que a ellos se opusieron, obedeciendo a las leyes, podían ser acusados y condenados; en otras palabras: la inversión de los conceptos y las actitudes convirtiendo al asesino que fuera votado por sus conciudadanos en vencedor y persona dotada de razón e inmunidad.

    Puede decirse que entonces, en 1934, comenzó la guerra civil, y no sólo porque sus autores la hubiesen querido e intentado, con éxito en Asturias durante dos semanas, sino porque después no cambiaron de orientación. El espíritu de la insurrección de octubre permaneció inalterado. Besteiro había acusado a los otros dirigentes socialistas de “envenenar a los trabajadores” con una propaganda falsa y cargada de odio. Ahora esa propaganda alcanzaba las cimas más altas, y lograba cambiar el ambiente popular: si algo había demostrado la intentona de guerra civil es que las masas no estaban lo bastante radicalizadas para seguir los llamamientos de los jefes izquierdistas, pero los infundios sobre la represión crearon un clima de agravio y rencor que se manifestaría con auténtica furia en 1936. También quedó plenamente claro el carácter legalista de la CEDA. De haber sido un partido fascista, como gustaba de insistir la izquierda, habría aprovechado el alzamiento izquierdista para replicar con un contragolpe desde el poder que acabase de una vez por todas con la República. La derecha defendió entonces, en nombre de las libertades, una Constitución que no le gustaba y que pensaba reformar siguiendo los pasos legales. También suele quedar semioculto este hecho crucial y demostrativo en una historiografía tremendamente deformada por los prejuicios —y necesidades imperativas— de la progresía. Por supuesto, la conducta estrictamente legal de la CEDA no le sirvió de nada ante sus enemigos, los cuales siguieron motejándola de “fascista” con redoblada cólera. La documentación disponible es ampliamente conocida y difundida.

    Para el historiador Claudio Sánchez Albornoz —Mi testamento histórico-político, p. 44—, “la revolución de octubre, lo he dicho y lo he escrito muchas veces, acabó con la República”.

El prólogo de la revolución de 1934

El asalto de la izquierda contra la II República tuvo consecuencias decisivas. Lo representó fehacientemente la revolución de octubre de 1934, en su grave vertiente de Cataluña y Asturias.

    La revolución tuvo en Cataluña un carácter propio, al alzarse allí contra la legalidad republicana las propias instituciones de la República. Fue fácilmente dominada; toda una noche desconcertante y trágica —la del día 6 de octubre— en la que los reductos rebeldes fueron batidos. Luego, a primeras horas de la mañana del día 7, vino la rendición de lo que, en frase de Cambó, sólo había sido “una gran criaturada”.

    La revolución de Asturias constituyó una profunda convulsión política y social. Abrió irreparables grietas entre las fuerzas de la República, rompió la posibilidad de diálogo por mucho tiempo y fue un claro antecedente de lo que sucedió en España a partir de julio de 1936.

    En su arranque, la revolución de 1934 debe situarse dentro de la crisis general del socialismo europeo de esos años y la amenaza del “peligro fascista”. El socialismo español, sensibilizado con lo que ocurría fuera —Alemania, Italia, Austria o Francia—, asistió con temor al ascenso de la derecha en España y llegó a ver en Gil Roble un nuevo Dollfuss, incluso un “Hitler español”.

    Describe el catedrático de Geografía e Historia Juan Antonio Sánchez y García-Saúco las circunstancias sociopolíticas internacionales y su repercusión en España. Cuatro aspectos:

1. Actuó, en primer lugar, la salida del partido socialista del poder en septiembre de 1933. Reintegrado a sus posiciones de partido, su postura ante la base militante era difícil, por su reciente colaboración ministerial y por la propia división del partido. Ante las presiones, Largo Caballero, “el más vehemente” de los líderes socialistas, levantó como bandera el ideal de la revolución.

2. La crisis interna del partido socialista se enunciaba con la existencia de tres tendencias. La encabezada por Largo Caballero, que llegaba al campo de la revolución “desengañado de la experiencia gubernamental”, era seguida por las juventudes.

Opuesta era la postura de Besteiro, contrario a la participación en el gobierno, fiel a la democracia parlamentaria y a la evolución reformista. La ruptura entre ambas tendencias, clara desde la muerte de Pablo Iglesias en 1925, les llevó a la lucha por el control del partido y de la UGT.

La postura de Indalecio Prieto se situaba en el centro, equidistante de uno y otro; inclinado a la política general y suavizado de sus antiguos fervores revolucionarios, no obstante seguirá la línea del partido con firme disciplina.

3. Sobre estos presupuestos actuaron los resultados electorales de 1933. El brusco cambio político redujo la representación socialista en las Cortes casi a la mitad respecto a 1931. Las fuerzas sustentantes del primer bienio eran barridas. La derecha, volatilizada en 1931, irrumpía con fuerza en las Cortes de la República con 207 diputados.

4. Desde este momento se temió que la derecha llegara al poder. Fueron los anarquistas los primeros en pronunciarse en el mes de diciembre. Su explosión revolucionaria, con centro en Aragón y La Rioja, tuvo ecos en Cataluña, Andalucía, Levante y Galicia. No habían intervenido en el proceso electoral, pero cumplían su promesa revolucionaria. Esto comprometía más a los socialistas en el camino de la revolución que venían anunciando desde septiembre de 1933.

    En enero de 1934, las ejecutivas del PSOE y de la UGT decidieron la preparación de la insurrección armada. A esta decisión se opusieron Besteiro y el grupo reformista. Pero las tesis revolucionarias se impusieron y Largo Caballero, presidente del partido, se impuso también en la UGT, de la que fue designado secretario general. Quedó constituida entonces una comisión especial, dirigida también por Largo, encargada de preparar la revolución.

    Los anuncios para esa revolución menudearon desde ahora bajo al amenaza concreta de que si Gil Robles, o su partido, llegaban al gobierno el movimiento estallaría de inmediato. En el mes de abril, la dimisión del gobierno Lerroux dio paso a otro presidido por Ricardo Samper, que no significaba nada nuevo respecto al anterior. Era el momento para llamar a la CEDA, pero la prudencia siguió presente. El nuevo gobierno obedecía “al gusto y medida” de Alcalá Zamora. Intentaba no irritar al extremismo revolucionario. Pero los socialistas no interpretaron la situación de manera tranquila. Un “Octubre rojo”, que evocaba el recuerdo de la revolución soviética, se presentaba como única solución del proletariado y de la República del 14 de abril.

    Los problemas que recayeron sobre el gobierno Samper se agravaron durante el verano: huelga de campesinos del mes de junio, enfrentamientos con la Generalidad por la Ley de Contratos de Cultivo y con los ayuntamientos vascos y el PNV a causa de ciertos impuestos considerados lesivos.

    A comienzos de octubre la crisis del gobierno Samper era inevitable. Gil Robles estaba decidido a exigir su participación en el nuevo gobierno. La disyuntiva era la disolución de las Cortes o la formación de un gobierno mayoritario. Los socialistas confiaban en la presión de sus amenazas revolucionarias. Pero la tramitación fue breve. El día 2 de octubre Alejandro Lerroux quedó encargado de formar el nuevo gobierno. El día 4 entraban en él tres ministros de la CEDA, en las carteras de Agricultura, Justicia y Trabajo. Gil Robles no quiso participar personalmente en este gobierno.

    El partido socialista había anunciado que si este momento llegaba se hincaría la revolución. Y así fue. En la noche del 4 de octubre, dentro de un clima muy bien descrito por el ensayista marxista Antonio Ramos Oliveira y el político de la azañista Izquierda Republicana Marcelino Domingo, la revolución de octubre echaba a andar.

    Aunque proyectada para toda España, la revolución marxista-secesionista sólo adquirió verdadera fuerza en Asturias, donde había triunfado el programa de la Alianza Obrera, propuesto por los socialistas, con la adhesión de anarquistas, el Bloque Obrero y Campesino (BOC) y los comunistas.

    Por su parte, la presencia del Sindicato Minero Asturiano, como en 1917, aportó una fuerza disciplinada que confirió a la revolución asturiana su carácter cierto. El octubre asturiano fue una guerra civil reducida en el tiempo y el territorio, que llegó a concretarse en un símil de orden político y social de corte soviético, de socialismo real.

El epílogo de la revolución de 1934 

Asturias dejó tras de sí un reguero de odios. Izquierda y derecha quedaron radicalizadas en violenta oposición. Las consecuencias de octubre alcanzaron a todos los que tomaron postura. Consuelo Bergés, pedagoga miembro de la masonería, en su libro Explicación de octubre observa: “Ningún español espiritualmente vivo ha dejado de arder en la pasión militante del movimiento revolucionario o de la resistencia contrarrevolucionaria.”

    El abogado y diputado Juan Ventosa Clavell, regionalista y liberal, pedía en las Cortes, en marzo de 1935: “No envenenar aún más el ambiente de guerra civil.”

    El abogado del Estado y político, José Calvo Sotelo, diputado de Renovación Española, también en las Cortes daba cuenta de la gravedad de lo acontecido en octubre de 1934, y sus antecedentes: “Cuando ocurren conmociones de este tipo y de este estilo, algo vital se va, algo esencial se quema, se resquebraja, se desencuaderna y esto ha ocurrido en España.”

    Asturias se convirtió en un duro lastre para la convivencia política en España. Armaba con razones a la derecha para tomar su propio camino en 1936, contribuyó decisivamente a imposibilitar la II República y a romper la paz.

    Señala Calvo Sotelo a continuación: “El 14 de abril [de 1931] se hundió un régimen; el 6 de octubre no ha perecido un régimen porque todavía se tiene en pie, pero ha perecido todo un sistema político estatal.”

    El dirigente comunista Enrique Castro Delgado escribe: “Octubre fue el comienzo. El comienzo de la guerra civil. El comienzo del asesinato de la II República, porque octubre pone fin a la posibilidad de diálogo entre los dos principales núcleos políticos españoles, de cuyos aciertos y desaciertos dependían la tranquilidad y la felicidad o la guerra civil y el dolor de España.”

    Y concluye Salvador de Madariaga en relación a los sucesos de octubre: “La breve guerra civil de 1934, preludio de la larga Guerra Civil de 1936.”