Sexta entrega, a modo de resumen cronológico, de la historia revolucionaria y golpista del Partido Socialista Obrero (denominación original, después Partido Socialista Obrero Español, siglas PSOE), fundado en 1879 por Paulino de la Iglesia Posse (nombre original, posteriormente modificado a conveniencia por el de Pablo Iglesias).
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales que perdieron abrumadoramente las formaciones políticas que, coaligadas en la calle, en el pacto de San Sebastián de 1930 y en los conciliábulos de propios y ajenos, conquistaron el gobierno por incomparecencia de los ganadores. Los antisistema se hicieron con el sistema: organizaciones republicanas menores y heterogéneas junto a las dos grandes organizaciones obreristas de socialistas y anarquistas, más los partidos nacionalistas-separatistas catalanes, principalmente de izquierda, Estat Catalá – Esquerra Republicana de Catalunya, y grupos radicales de izquierda entre los que sobresalía el aún incipiente Partido Comunista.
El objetivo de este conjunto disonante, en cambio, era unánime: establecerse indefinidamente en el poder apartando a quien no se integrara en él, buscando un acomodo por precario que fuese, o no transigiera de la cruz a la raya con lo que ellos dispusieran. De esta manera y en breve, el sectarismo y la exclusión cundieron al límite del terror y el enfrentamiento bélico.
El primer bienio republicano, de la primavera de 1931 al otoño de 1933, compuso una alianza de intereses inmediatos entre los republicanos de izquierda y los socialistas del PSOE, y de sus planteamientos y acciones derivó una quiebra moral, social y económica sin precedentes, prescrita en la Constitución que forjaron a su medida en ese 1931 inaugural de la II República y antecedente del Frente Popular que llegaría violenta y también fraudulentamente en 1936.
En palabras de Niceto Alcalá Zamora (en Los defectos de la Constitución de 1931), presidente de la República, católico y derechista sobre el papel, la Constitución que había elaborado a toda prisa una minoría auspiciada por los masones de dentro y fuera, se dictó ignorando voluntariamente la realidad nacional, legislando a partir de teorías a las que se dedicó una obediencia ciega, de sentimientos e intereses de partido eludiendo la convivencia entre españoles y negando la entidad nacional de España; el resultado, concluye Alcalá Zamora, fue “una Constitución que invitaba a la guerra civil, desde lo dogmático, en que impera la pasión sobre la serenidad justiciera, a lo orgánico, en que la improvisación, el equilibrio inestable, sustituyen a la experiencia y a la construcción sólida de poderes”. Se acentuó la tensión social promoviendo, directa e indirectamente, una lucha de poderes por alzarse dentro del gobierno con el control absoluto.
A la par de los desempeños ejecutivos y legislativos del variopinto gobierno (en cierto modo decantado en la provisionalidad), las acciones violentas de la izquierda llamada obrerista, con la anuencia de la izquierda burguesa republicana, además de sembrar el terror conducían a la liquidación de la II República. Una legislación errónea en suma con el frenesí revolucionario de las organizaciones políticas y sindicales marxistas y anarquistas, provocaron una contracción del empleo, una reducción del consumo y la inseguridad por el miedo y por una justicia sectaria de quienes debían generar riqueza, puestos de trabajo y prosperidad desde la iniciativa privada.
En abril de 1931, recién tomado el poder por las izquierdas, el anarquista Buenaventura Durruti expresó públicamente: “Si fuéramos republicanos [los anarquistas], afirmaríamos que el gobierno provisional se va a mostrar incapaz de asegurarnos el triunfo de aquello que el pueblo le ha proporcionado. Pero, como somos auténticos trabajadores, decimos que siguiendo por ese camino es muy posible que el país se encuentre cualquier día de estos al borde de la guerra civil. La república apenas sí nos interesa, en tanto que anarquistas debemos declarar que nuestras actividades no han estado nunca, ni lo estarán, tampoco ahora, al servicio de ningún Estado”.
Los socialistas provocaron sendos motines armados con resultado de muertes y represión en enero de 1932, en la localidad pacense de Castilblanco y en la riojana de Arnedo. Por su parte, los anarquistas promovieron una revuelta armada en la zona del Alto Llobregat, provincia de Barcelona; la siguiente acción revolucionaria anarquistas tuvo lugar en zonas de la provincia de Cádiz, siendo el pueblo de Casas Viejas donde el episodio alcanzó mayor notoriedad.
La situación violenta generalizada afectó al gobierno desde fuera y desde dentro con la bolchevización del PSOE; el dirigente socialista Largo Caballero propugnaba la revolución violenta que guiada por el PSOE destruyera la república para instaurar la dictadura del proletariado. Manuel Azaña temía la caída del Gobierno y el acceso al poder de las derechas, así que buscó a la desesperada la permanencia en el poder de la conjunción de republicanos de izquierda y socialistas (dejando el símbolo inútil de Alcalá Zamora todavía en la Presidencia de la República), solucionando provisionalmente la fragilidad gubernamental y el rechazo surgido en la izquierda y la derecha con una ley de orden público, aprobada el 25 de julio de 1933, que dotaba al ejecutivo de una enorme capacidad de represión en todos los ámbitos y con una ley electoral que reforzaba las primas, hasta casi el absoluto, a quien consiguiera la mayoría de los votos.
En el verano de 1933, durante las jornadas de la escuela de verano del PSOE celebradas en la localidad madrileña de Torrelodones, obtuvo carta de naturaleza la bolchevización del PSOE, y proclamado Francisco Largo Caballero “el Lenin español”.
El 3 de septiembre de 1933, el gobierno formado por republicanos de izquierda y socialistas fue ampliamente derrotado en las elecciones para el Tribunal de Garantías, antesala de su caída cinco días después.
La posterior derrota electoral en las elecciones generales, dando paso a un gobierno de derechas, provocó una reacción violenta de insumisión y alzamiento en la izquierda en su conjunto. Como ya sucediera en la monarquía, los republicanos burgueses de izquierda, los socialistas del PSOE, los minoritarios comunistas del PC, los anarquistas y las formaciones políticas separatistas de Cataluña, unieron su odio en un renovado planteamiento antisistema que cargaba la revolución a sangre y fuego enfilando la guerra civil. La República, según ellos, les pertenecía en exclusiva; y para los marxistas, dirigentes y militancia, de PSOE y PC, el paso previo y de inmediato sustituible para conseguir la bolchevique dictadura del proletariado.
Los socialistas del PSOE y los separatistas catalanes de izquierda, principalmente ambos, aunque no faltaron algunos republicanos de izquierda (cada uno con su plan irrenunciable), tras la derrota electoral en las elecciones generales de 1933 convinieron una actuación a gran escala para derribar al gobierno de centro derecha surgido de ellas. En el artículo 1934: conspiración, alzamiento y guerra, publicado en Memoria recobrada siglos XIX y XX, exponemos ampliamente la secuencia del golpe de Estado revolucionario que significó el inicio de la guerra civil.
Desde el 3 de enero de 1934, los órganos de comunicación del PSOE alentaban a la guerra de clases y la insumisión al gobierno por cualquier medio a su alcance. En febrero, la CNT, el sindicato anarquista, propuso a su homólogo socialista, la UGT, una alianza revolucionaria; Largo Caballero ofreció las Alianzas Obreras (instrumento de insurrección y organismo de poder) con el propósito revolucionario de la aniquilación del sistema. En mayo, el PSOE desencadenó varias ofensivas revolucionarias en el medio rural.
El periódico El Socialista establecía el parangón entre la revolución bolchevique en la Unión Soviética y la propuesta de Largo Caballero con las Alianzas Obreras: “Dentro de las diferencias raciales que tienen los sóviets rusos, se puede encontrar, sin embargo, una columna vertebral semejante. Los comunistas hacen hincapié en la organización de sóviets que preparen la conquista insurreccional y sostengan después el poder obrero. En definitiva, esto persiguen las alianzas”.
El también periódico socialista Renovación, anunciaba en agosto de 1934: “Supresión a rajatabla de todos los núcleos de fuerza armada desparramada por los campos. Supresión de todas las personas que por su situación económica o por sus antecedentes puedan ser una rémora para la revolución”.
El 30 de agosto, un resabiado Manuel Azaña declaraba que las izquierdas no estaban dispuestas a consentir que la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas, coalición política que resultó vencedora en las elecciones generales de 1933), entrara en el gobierno, y si lo hacía, las izquierdas irían en bloque contra la legalidad.
El 25 de septiembre, El Socialista anunciaba sin reparo alguno: “Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía; bendita la guerra”. El 27 del mismo mes abundaba: “El mes próximo puede ser nuestro octubre. Nos aguardan días de prueba, jornadas duras. La responsabilidad del proletariado español y sus cabezas directoras es enorme. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado”.
El 9 de septiembre, la Guardia Civil había descubierto un importante alijo de armas embarcado en el vapor Turquesa, destinadas al movimiento revolucionario en curso, gestionado por el socialista Indalecio Prieto.
A finales de septiembre, el Comité Central del PCE anunciaba su apoyo a un frente único social y político con intención revolucionaria.
Faltaban pocos días para el estallido bélico de la conspiración contra la república parlamentaria que tuvo lugar el día 6 de octubre, precedido por un incendiario despliegue en la prensa de izquierdas. El carácter violento de lo que iba a suceder percutía en todas las instancias.
El 6 de octubre, perpetrados los primeros asesinatos en diversas regiones, en Barcelona el presidente de la Generalidad, Lluís Companys, dirigente máximo de la Esquerra Republicana de Catalunya (suma de Estat Catalá y Partit republicá catalá), proclamó el Estado catalán dentro de la república federal española y ofreció a Barcelona como sede del gobierno provisional de la República. Al día siguiente se rindió la Generalidad y las formaciones políticas alzadas.
El fracaso de la revolución armada, y en consecuencia del golpe de Estado, fue casi completo en veinticuatro horas. Únicamente en Asturias la guerra desencadenada, prólogo de la que continuó en 1936, mantuvo en jaque al Estado una semana. Los líderes socialistas fueron Ramón González Peña, Belarmino Tomás y Teodomiro Menéndez, principales artífices del alzamiento, apoyados por dirigentes anarquistas de la CNT; habían formado un ejército de treinta mil efectivos al que se enfrentó en principio un contingente de mil seiscientos militares y novecientos guardias civiles y de asalto.
La acción revolucionaria tomaba su estrategia del marxismo bolchevique otrora implantado en Rusia, antes de convertirse en la Unión Soviética. Quedaron señalados como objetivos en octubre de 1934, como en 1917 en Rusia al dictado de Lenin, los enemigos a eliminar expeditivamente para la consecuencia de la dictadura del proletariado: personas de orden, militares, religiosos, trabajadores por cuenta propia y cualquier desafecto a la revolución bolchevique. Así se actuó en Asturias, porque en los demás lugares alzados no hubo tiempo a poner en práctica el exterminio patrocinado por los socialistas del PSOE, los anarquistas de la FAI-CNT, los separatistas catalanes y los aún escasos militantes comunistas del PC.
Aquel octubre de 1934 puso fin, en realidad, a la II República. El proceso hacia la dictadura del proletariado liderado por el PSOE era incompatible con la república burguesa de la izquierda coaligada, por eso los socialistas y los comunistas precisaban liquidarla cuanto antes y de manera violenta, pues no se les antojaba mejor solución para imponerse que la fuerza bélica.
Cabe recordar que esta república ahora agónica había nacido ilegal e ilegítima, un mero trámite para las organizaciones marxistas, sobre todo, PSOE y PC, y anarquistas, en su camino imitador del sistema impuesto en la Unión Soviética. Para los separatistas catalanes, siempre en acoso y derribo de España, cualquier oportunidad que abundara en su idea era bienvenida.