Recordemos aquello que fue y por qué sucedió. Esta entrega describe las últimas matanzas habidas en Cataluña el año 1939.
El historiador Eduardo Palomar Baró cuenta que el 11 de agosto de 1938 fueron asesinadas sesenta y cuatro personas, entre ellas, una mujer en avanzado estado de gestación, en el barcelonés castillo de Montjuic, lugar a la vez de detención, tortura y fusilamiento; las últimas víctimas asesinadas en el castillo prisión estaban allí detenidas y también provenían de una saca de la asimismo barcelonesa cárcel Modelo.
Relata el historiador Juan Juliá Gayá en su obra Las últimas horas de dominación marxista en el Castillo de Montjuic, que llamados poco antes de la medianoche, a los sesenta y cuatro se les comunicó la sentencia y se les ordenó, cual la costumbre, que cada uno metiera en el bolsillo derecho del pantalón una papeleta con su nombre; recordatorio que habría de servir para la posterior identificación del cadáver. Fueron trasladados en grupo a la dependencia del cuerpo de guardia y luego, ya amaneciendo, al foso de Santa Elena para fusilarlos.
El periodista e historiador Manuel Tarín Iglesias recoge en su documentada obra Los años rojos que aquellas sesenta y cuatro ejecuciones salieron aprobadas de una deliberación del Consejo de Ministros en la que tras un empate entre partidarios y contrarios dirimió a favor de las penas de muerte con su voto de calidad el presidente del Gobierno, el socialista Juan Negrín, armado con una pistola. No se cumplió la formalidad de dar cuenta al jefe del Estado, Manuel Azaña, por si ejercía su prerrogativa de gracia. De los fusilamientos se enteró Azaña por Josep Tarradellas y Carles Pi Sunyer.
Informa Eduardo Palomar Baró la constancia en la Causa General que el 21 de enero de 1936 en el Tribunal de Espionaje y Alta Traición sito en la ciudad de Barcelona se presentaron dos agentes del SIM (Servicio de Información Militar de la República) para, de la extensa lista de condenados a muerte, recoger los que se llevarían en su huida hacia la frontera francesa con una idea preconcebida. En cambio, mantuvieron en las cárceles a los represaliados del POUM por el Frente Popular desde mayo de 1937 (Partido Obrero de Unificación Marxista, de orientación trotskista, cuyo principal dirigente era Andrés Nin) para que cayeran en manos de los nacionales, que entrando en Barcelona en olor de multitudes el 26 de enero liberaron a los mil doscientos presos en el castillo de Montjuic.
La mayoría de los trasladados forzosos de Barcelona hacia la frontera, mil rehenes aproximadamente, quedaron hacinados en el santuario de Santa María del Collell, ubicado en el municipio gerundense de San Ferriol, edificio que había sido seminario de la diócesis de Gerona. De los mil, una cincuentena seleccionados por su capacitación para el desempeño futuro de cargos de responsabilidad, murieron fusilados el 30 de enero; únicamente dos lograron escapar de la matanza, uno de ellos Rafael Sánchez Mazas. El 2 de febrero, los captores fusilaron a trece de las personas encarceladas en la prisión de Gerona en el municipio gerundense de La Tallada, a una treintena de kilómetros; algunos eran padres de hijos movilizados que no habiéndose presentado a filas fueron detenidos como represalia.
Volvamos a los últimos días de enero de 1939 para completar el cuadro. El 23, el obispo Anselmo Polanco, el coronel Rey d’Harcourt, el coronel Francisco Barba, el comandante Herrero, el reverendo Felipe Ripoll, el teniente coronel de la Guardia Civil José Pérez de Hoyo y el antiguo comisario de Policía José Coello de Portugal, junto con otros cautivos procedentes de Teruel, fueron trasladados a la localidad barcelonesa de Santa Perpetua de Mogoda donde se unieron a un grupo de italianos prisioneros de guerra. El 27 los condujeron a Ripoll, en la provincia de Gerona, y después, a pie, a la vecina población de San Juan de las Abadesas. El 31 transitan por Figueras y llegan a la localidad de Pont de Molins, quedando alojados en la masía de Can Bach. El 6 de febrero llega a Pont de Molins una orden del Negociado de Prisioneros y Evadidos, firmada por el general Vicente Rojo Lluch, en la que se ordena la entrega de “las personalidades de relieve detenidas, así como al obispo de Teruel y a los italianos”, para su traslado a la Zona Central. El 7 antes de mediodía hizo acto de presencia en Can Bach un camión militar con la dotación de un comandante, un teniente, un comisario político, dos sargentos, seis cabos y treinta soldados que sin informar de su procedencia ni exhibir orden alguna exigieron la entrega inmediata del coronel Rey d’Harcourt, del obispo Polanco y de otros treinta y ocho prisioneros. Ya en su poder, atados de dos en dos e ignorantes de su destino los llevaron al cercano barranco de Can Tretze, entre los municipios de Pont de Molins y Les Escaules. A las dos de la tarde, en unos matorrales de la hondonada, los acribillaron a tiros y al cabo los mismos ejecutores prendieron fuego a los cuerpos rociados con gasolina.
A mediados de marzo de 1939, los nacionales descubrieron una fosa común en el término municipal de Vila-Sacra con veintitrés cadáveres; se dedujo que habían sido asesinados un mes antes. La investigación de las identidades concluyó que eran médicos y enfermeras del hospital militar de Bañolas, localidad en la provincia de Gerona.
Los cadáveres que fueron hallando las tropas nacionales a medida que progresaban hacia la frontera francesa correspondían a soldados nacionales o detenidos que aprovechando la desbandada del enemigo intentaron escapar dándose de bruces con soldados que no eran nacionales sino del Frente Popular en retirada, que los fusilaron entonces.
Sumaban estas últimas víctimas a las aproximadamente ocho mil cuatrocientos asesinadas en checas, paredones y campos de concentración de la Generalidad de Cataluña presidida por Lluís Companys.