Con la puesta en servicio de la primera central nuclear en julio de 1968,
España buscaba alcanzar la independencia energética.
Uno de los objetivos del
Régimen fue minorar en lo posible la dependencia energética; de hecho, en pocos
años, España consiguió un gran desarrollo en la energía nuclear para la
generación de electricidad.
En octubre de 1948 un selecto equipo de científicos y militares se agrupó
en el Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada con
el propósito de constituir la denominada Junta de Investigaciones Atómicas,
origen de la Junta de Energía Nuclear; destacan del mismo: José María Otero
Navascués, ingeniero de Artillería de la Armada, director del LTIEMA y del
Instituto de Óptica del CSIC; Manuel Lora Tamayo, catedrático de Química
Orgánica; Armando Durán Miranda, catedrático de la Facultad de Ciencias y jefe
de la Sección de Óptica Geométrica y Cálculo de Sistemas del Instituto de
Óptica del CSIC; y José Sobredo y Riobóo, oficial del Cuerpo de Intendencia de
la Armada y miembro del Cuerpo Diplomático. Este es el comienzo de la
tecnología nuclear en España. La actividad de la Junta se destinó
prioritariamente al estudio de la explotación de los yacimientos de uranio, a la
formación de un cuerpo científico especializado y al desarrollo de las técnicas
relativas a la extracción, metalurgia y física del uranio.
En los años treinta del siglo corriente se supo
de yacimientos de uranio en España merced a la tarea investigadora del
ingeniero de minas Antonio Carbonell. Durante la II Guerra Mundial, dado el
interés de las potencias enfrentadas en el mineral uranio, el gobierno español advirtió
la importancia estratégica del mismo que debía utilizar en propio beneficio,
incrementada tal percepción con la experiencia nuclear de las bombas atómicas lanzadas
sobre las localidades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Fue entre 1945 y 1946
cuando el Instituto Geológico y Minero dio inicio a las prospecciones de uranio;
los yacimientos estaban localizados en las provincias de Jaén, Córdoba, Badajoz
y Salamanca. Con la disposición patria del imprescindible metal y la
colaboración tecnológica con Estados Unidos, se simplificaba y abarataba la
tarea de obtener energía nuclear para toda clase de fines.
En 1951 fue creada la Junta de
Energía Nuclear (JEN), organismo que determinó las bases científicas y
tecnológicas para el desarrollo nuclear en España. Sumado a ello la
colaboración internacional con Italia, Estados Unidos, Suiza y Alemania, posibilitando
el intercambio de conocimientos y la formación de científicos en el incipiente
campo de la energía nuclear.
Desde entonces se consideró el disponer de
una bomba nuclear para España con propósito disuasorio.
En las postrimerías del año 1956 quedó formalizado un contrato con la
empresa tecnológica estadounidense General Electric para la compra e
instalación de un reactor experimental de uso exclusivo en la investigación
civil. Posteriormente, el intercambio de equipos científicos y resultados
incentivaron el desarrollo de la industria nuclear en España.
A su vez, la creación de la
Junta de Energía Nuclear (JEN) supuso el inicio de una actividad científica a
gran escala, disponiendo en conjunto de importantes recursos técnicos,
económicos y humanos, derivados a entroncar las disciplinas científicas y
tecnológicas hacia proyectos de enjundia al nivel de los más avanzados en el
mundo. De esta guisa aparecieron en la escena de los años sesenta los primeros
reactores experimentales.
Expone el historiador Eugenio
Luis Togores, que en 1967 fue inaugurada la Planta Caliente M-1, una
instalación piloto de dimensión reducida, destinada al tratamiento de los
primeros combustibles irradiados producidos en España. El nombramiento del
ingeniero naval Gregorio López-Bravo de Castro al frente del ministerio de
Industria, cartera que ocupó entre 1962 y 1969, resultó decisivo para que el
JEN impulsara la industria nuclear nacional.
Poco después de la inauguración
de la citada Planta Caliente, ya con el uranio enriquecido por el acuerdo tecnológico
entre España y Estados Unidos, se instaló la primera generación de centrales
nucleares productoras de electricidad. Entre 1968 y 1972 fueron activadas las
centrales nucleares José Cabrera (luego denominada Zorita por su ubicación), en
Guadalajara, Vandellós I, en Tarragona y Santa María de Garoña, en Burgos. Al
cabo de dos años se creó la Empresa Nacional del Uranio, S. A. (ENUSA),
encargada de gestionar el suministro de concentrados de uranio y de
proporcionar servicios de conversión y enriquecimiento, además del
abastecimiento a las centrales nucleares en marcha.
El impresionante desarrollo nacional conseguía mantener su vigencia y
eficacia a través del Plan Eléctrico Nacional ideado para el periodo del 1972 a
1981. Época en la que fue construida la segunda generación de centrales
nucleares: Almaraz, en Cáceres (con dos unidades), Ascó, en Tarragona (con dos
unidades) y Cofrentes, en Valencia. El proyecto total contemplaba la
instalación de cuarenta y una centrales nucleares, garantizando con tal
potencia el suministro de energía y la consecución de armas nucleares con
propósito disuasorio para los enemigos potenciales de España y de afirmación en
el ámbito geoestratégico internacional.
A mediados de los años setenta,
España era la séptima potencia nuclear del mundo.
Proyecto Islero
Dotar a España con los suficientes medios nucleares para una política
exterior y de defensa disuasoria e independiente recibió el nombre de Proyecto
Islero. Concebido en los años 50 del siglo XX a raíz de la independencia de
Marruecos con su repercusión expansionista durante la guerra de Ifni, que
anticipaba futuras acciones políticas y miliares contra la integridad
territorial de España.
El 27
de diciembre de 1958, Francisco Franco y el almirante Luis Carrero Blanco
inauguraron el Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón. Muy pronto, el jefe del Alto Estado Mayor general Agustín Muñoz
Grandes propuso la fabricación de la bomba atómica y, en consecuencia, de un
arsenal de armas nucleares que independizara a España de Estados Unidos y de la
Alianza Atlántica, además de asegurar la zona geoestratégica nacional con el
eje Islas Canarias-Gibraltar-Islas Baleares y la advertencia a las ínfulas
expansionistas del sultán de Marruecos. Una ventaja de capital importancia para
el proyecto era la posesión nacional de yacimientos de uranio, igual que el
vecino francés disponía de los suyos propios.
La dirección del proyecto,
entonces denominado Islero 1, recayó en el experimentado científico Guillermo Velarde Pinacho, catedrático
de Física nuclear, general de División del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y jefe
de la División de Teoría y Cálculo de Reactores; con titulación académica y extensa
práctica nuclear en Estados Unidos.
El gobierno español del general
Francisco Franco obtuvo el respaldo del gobierno francés del general Charles de
Gaulle, puesto que a los franceses les interesaba una alianza nuclear con los
españoles que conformara un frente europeo y mediterráneo ajeno y opuesto a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Entre septiembre y octubre de 1948
nacía por Decreto de carácter reservado la Junta de Investigaciones Atómicas
(JIA). A partir de octubre de 1951, rebautizada la JIA como Junta de Energía
Nuclear (JEN), presidida por el general Juan Vigón y con José María Otero de
Navascués en calidad de director general, se procedió a la tarea de investigación
y desarrollo tecnológico sirviendo de referencia nacional e internacional en
dicha competencia.
Suscrito en 1955 por Francisco
Franco y el presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower un acuerdo de
cooperación nuclear integrado en el programa Átomos para la Paz, quedaba
formalizada la investigación nuclear en España y dio paso a la inauguración del
Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón en la Ciudad Universitaria de Madrid
a finales de 1958, cual figura en líneas anteriores.
Las actividades del CNEN, como
pasara con las del JEN, tornaron hacia la vertiente militar tras la amenaza invasora
marroquí entre 1956 y 1957. Alertado por la amenaza que derivó en guerra, el
general Muñoz Grandes encargó a Otero de Navascués, a la sazón dirigiendo la
JEN, un estudio de viabilidad para la fabricación de una bomba atómica; la
redacción del informe estuvo a cargo de Guillermo Velarde, y en él se afirma la
capacidad nacional siempre y cuando se disponga de un reactor con tecnología
para obtener el metal plutonio a partir del metal uranio, mediante un proceso de
fisión nuclear; la bomba de plutonio-239 era más asequible por su coste.
Confirmada la capacidad
tecnológica española, Velarde distribuyó la tarea organizativa en dos fases: la
construcción de un reactor nuclear más la fabricación de los elementos
combustibles para alimentarlo más la extracción del metal plutonio y el
proyecto, denominado Islero 1, para obtener la bomba atómica.
Corría el año 1965 y todavía el proyecto carecía de la suficiente viabilidad
para la obtención de los resultados exigidos. Pero a principios de 1966 se dio
con la tecla que resolvía las principales dificultades de ejecución, gracias al
incidente de Palomares.
En el cielo de esta localidad
almeriense, un avión de reabastecimiento estadounidense KC-135 colisionó en
pleno vuelo contra un bombardero estratégico B-52, de la misma nacionalidad,
provocando que las cuatro bombas termonucleares Mark 28, de 1,5 megatones cada
una, cayeran tres en tierra y una en el mar; explotando la carga convencional
de dos de las estrelladas contra el suelo terrestre mientras desplegaron sus
respectivos paracaídas las otras dos. Inmediatamente los técnicos españoles
capitaneados por Velarde inspeccionaron las zonas de impacto localizando los restos
junto a los detonadores, aspecto esencial para obtener la información precisa
que el equipo necesitaba. Merced a este suceso, que afortunadamente se quedó en
anecdótico, ya disponían los españoles de la clave para la activación de la
Bomba H (Bomba de Hidrógeno), de modo que España alcanzaba la quinta posición
en conocimiento nuclear con fines militares.
Advino en este momento tecnológico de vía expedita para conseguir las
armas nucleares disuasorias, una toma en consideración política del presente y
el futuro para España en sus relaciones internacionales, especialmente con
Estados Unidos, si se accedía a mostrar públicamente el resultado, o se
descubría por medios de inteligencia.
Francisco Franco mandó a
Velarde —pese a la oposición de Muñoz Grandes y Carrero Blanco, aunque con el
apoyo de López Bravo—, que el Proyecto Islero tomara un receso, prudente, a la
expectativa de acontecimientos en el ámbito internacional, en su desarrollo
militar —alejándolo de las Fuerzas Armadas—, pero no así en su vertiente civil,
la de conseguir energía propia y económica. Acababa de constituirse el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), pero el gobierno español no suscribió
el acuerdo que prohibía la fabricación de armas nucleares.
En 1968 fue inaugurada la
primera central nuclear de España, bautizada José Cabrera, sita en la provincia
de Guadalajara. Ese mismo año quedó instalado en la sede de la JEN, en la
Ciudad Universitaria de Madrid, el primer reactor nuclear rápido español, bautizado
Coral-I, con capacidad para operar tanto con Plutonio-239 como con Uranio-235 (uranio
enriquecido al 90%). En 1969 se obtuvieron los primeros gramos de plutonio
español, antecedente imprescindible de la bomba atómica.
Los jefes de Estado de España y Francia, generales Francisco Franco y
Charles de Gaulle, mantuvieron al respecto de la política nuclear una
entrevista el 8 de junio de 1970, coincidiendo en los intereses mutuos. Un año
después, Guillermo Velarde recibió el beneplácito para continuar la ejecución
del Proyecto Islero según la directriz primera. El teniente general Manuel
Díez-Alegría, jefe del Estado Mayor del Ejército, y partidario acérrimo del
proyecto, había insistido en ello desde el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN enviando un informe de validación a la superioridad: España
dispondría de armamento nuclear propio en breve plazo utilizando las
instalaciones existentes. No obstante, sugería el informe continuar la
instalación de centrales nucleares —la siguiente era la de Vandellós I, en
Tarragona— dotadas de tecnología eficiente, para asegurar, en la planificación
energética tanto como en la militar, ellos resultados esperados. La central
nuclear Vandellós I iba a servir para la producción de plutonio.
De manera sincrónica a la
realización del plan de centrales nucleares, Muñoz Grandes, Otero de Navascués
y Antonio Colino, director general de la JEN, negociaban con los aliados franceses
la entrega de un reactor nuclear de grafito de uranio natural y gas para completar
las aspiraciones españolas. El acuerdo se plasmó al constituir la Compañía
Hispano-Francesa de Energía Nuclear (HIFRENSA).
En diciembre de 1973, Velarde trasladó a Manuel Díez-Alegría y a segundo,
el general Manuel Gutiérrez Mellado, que España ya disponía de capacidad para fabricar tres bombas de plutonio al año.
Garantizaban el éxito del
Proyecto Islero las reservas de uranio, con yacimientos propios, un extenso
programa de desarrollo nuclear en el que operaban tres reactores, siete estaban
en fase de construcción y diecisiete en fase de proyecto, una planta piloto
para enriquecimiento de uranio y un plantel de científicos cualificados.
Sin embargo, los inconvenientes
surgieron en el interior del régimen. El ministro Gregorio López-Bravo, a la
postre titular de la cartera de Asuntos Exteriores, solicitó al Jefe del Estado
que interrumpiera el proyecto antes de que Estados Unidos conociera del mismo e
impusiera medidas contrarias a su ejecución, cuando España necesitaba también
de esa alianza como aval internacional, incluso por encima de la francesa. Franco
había sopesado el cese de las investigaciones antes de las advertencias y
recomendaciones “porque los beneficios de tener un pequeño arsenal no superaban
los daños”, en palabras a Velarde.
A pesar de la negativa de Franco a continuar con el Proyecto Islero, y su
posterior fallecimiento en 1975, o el previo asesinato de Carrero Blanco, el
proyecto siguió su curso, impulsado por el presidente del Gobierno Carlos Arias
Navarro, la cúpula militar y el ministro de Asuntos Exteriores José María de
Areilza.
Un proyecto que siguió su
andadura con el presidente Adolfo Suárez pese a las reticencias y amenazas del
presidente estadounidense Carter, avisado de que la tecnología española de
enriquecimiento de uranio para convertirlo en plutonio produciría ciento
cuarenta kilos anuales, cantidad suficiente para fabricar veintitrés bombas
atómicas y termonucleares al año.
La obsesión estadounidense de
que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) inspeccionara las
instalaciones españolas conducía a un enfrentamiento con esa decisión y la
certeza de un boicot económico cuya manifestación inmediata sería la anulación
de las exportaciones de uranio enriquecido a España, con el resultado de
paralizar la actividad industrial de las centrales nucleares afectando a la vertiente
civil.
El gobierno español aceptó las condiciones de Estados Unidos en abril de
1981, firmando las cláusulas de salvaguardia del OIEA.
El final del Proyecto Islero fue en 1987. Pero el empeño científico español, vigente y orgulloso de lo alcanzado, se orientó íntegramente al ámbito civil. El año 1981 se creó el Instituto de Fusión Nuclear, un centro de investigación perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, que presidió Guillermo Velarde.