Recordemos aquello que fue y por qué sucedió. Primera
entrega que informa de la creación, estructura, integrantes y actividad del
Comité Provincial de Investigación Pública y Vigilancia, conocido por sus
siglas CPIP, entre los meses de agosto y noviembre de 1936.
El Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP) era un
organismo autónomo, aunque dependiente y colaborador, de la Dirección General
de Seguridad (DGS) en el Madrid del Frente Popular, con implicaciones de sus
integrantes y mandados en otras provincias de España. El modo de operar durante
el periodo de vigencia del CPIP, entre el 4 de agosto de 1936 y el 12 de
noviembre del mismo año, fue variado y complementario: centro de detención y
represión en la retaguardia de quienes eran considerados enemigos de la
República (con el apelativo indiscriminado de “fascistas”) y tribunal
sumarísimo de los acusados.
El entonces director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, masón y diputado de
Izquierda Republicana, creó esta estructura represiva para controlar el orden
público que alteraban las milicias del Frente Popular hasta el extremo de un
caos criminal; sin embargo, el efecto inmediato de sus actos resultó idéntico a
lo que supuestamente se quería evitar. A principios de agosto de
1936, la DGS intentó encauzar la actividad del CPIP a través de una Comisión
Central de registros y detenciones; este organismo “de antifascistas” ideado
sobre la marcha, en realidad, pretendía sustituir a la propia DGS y a sus Secciones
y Comisarías: fue el origen del Comité Provincial de Investigación Pública y
Vigilancia.
El CPIP tuvo dos
sedes en Madrid: el Círculo de Bellas Artes, hasta finales de agosto, y el
edificio número 9 de la calle
de Fomento, que ha pasado a la historia de la tragedia y la ignominia como la
checa de Fomento.
El comité lo
integraban, en diferente proporción y capacidad de mando, representantes de los
partidos políticas del Frente Popular y de los sindicatos de izquierda; éstos con
amplia presencia y fuerza de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo,
sindicato anarquista) y las Juventudes Libertarias (de significación ambivalente
anarquista y comunista). Su tarea, tolerada y compartida por la DGS y otras
instancias de poder elevado, condujo a miles de detenciones arbitrarias,
registros domiciliarios y personales, requisas e incautaciones, violencias de
toda clase contra personas y bienes e interrogatorios carentes de legalidad,
que con frecuencia derivaron en sentencias de muerte por el tribunal allí
establecido y llevadas a cabo tras el correspondiente “paseo”. Los cadáveres
que aparecían eran localizados en las proximidades de cementerios, cunetas y
descampados en los alrededores de la capital y en localidades limítrofes.
El CPIP reclutó
agentes afectos al Frente Popular en los cuerpos policiales y en las milicias
de partidos y sindicatos, uniendo a los elementos aislados y radicales con
aquellos previamente acogidos a las instrucciones de los mandos políticos y con
experiencia en la tarea que debían ejecutar, y esos otros miembros de brigadas
de obediencia comunista, socialista o anarquista que habían
sido nombrados por su respectivo partido para entrar en la DGS. De ahí la
maraña inextricable, valga la redundancia, entre los agentes de Policía con
tiempo de ejercicio y los miembros sectarios y vengativos de las milicias.
Manuel Muñoz Martínez permitió las secciones de milicias socialistas, comunistas y
anarquistas dentro de la comisaría del CPIP, y la actividad reconocible y
diaria de las denominadas “brigadas de información” de esas mismas milicias.
Además, las columnas de milicias que
supuestamente se formaban para dirigirse al frente de guerra colaboraron en las
tareas policiales de represión.
La Inspección General de Milicias (IGM),
mandada por el comunista coronel Luis Barceló, desarrolló una actividad en
paralelo en la línea del frente, un tanto difusa, y en el Servicio de
Investigación, bien definida y al mando del capitán Justiniano García; ambas de
control sobre los milicianos y como brazo ejecutor de las aspiraciones de la
autoridad civil y militar del Frente Popular. La sede de la IGM estaba en la
calle Ríos Rosas número 37, y contó hasta su disolución en noviembre de 1936
con un millar de individuos instalados en los treinta y cinco puestos
establecidos en la ciudad; en escala decreciente, el mayor número eran miembros
de la UGT, después del PSOE, a continuación del PCE, seguían los de CNT-FAI y
por último del resto de las otras adscripciones comprendidas en el Frente
Popular.
La actividad de estos elementos cumpliendo
las directrices de sus respectivas organizaciones convirtió al CPIP en el
símbolo del crimen organizado y el terror en Madrid; y allá donde
ocasionalmente actuaran. Para eso fue creado por Manuel Muñoz, y esa fue la
estrategia característica que definió al comité: vigilar al enemigo, comprobar
sus movimientos y vínculos y facilitar las autorizaciones para realizar los
registros domiciliarios y las detenciones; servicios que debían
obligatoriamente ser conocidos y controlados por el CPIP. Lo que no se anunció
es que el CPIP trasladaría a los detenidos a la DGS, cosa supuesta en la
estricta colaboración, y además, sin publicidad, cuando procediera a voluntad
de los captores, esos mismos actuarían como tribunal revolucionario,
sentenciarían y ejecutarían la pena máxima con armas de fuego.
En connivencia todos los miembros del CPIP
para cumplir su voluntaria misión, establecieron una representación de tres
delegados por cada organización sindical y tres por cada uno de los partidos
políticos del Frente Popular, incluyendo también una representación de las
Juventudes Libertarias y las marxistas; posteriormente se incorporó el Partido
Sindicalista, aportando su cuota. De modo que el organigrama de partidos y
sindicatos comprendía a PSOE-UGT, PCE-JSU (Juventudes Socialistas Unificadas),
CNT-FAI-JJLL (Juventudes Libertarias), IR (Izquierda republicana), UR (Unión
Republicana) y PS (Partido Sindicalista): la amalgama frentepopulista de
burgueses, socialistas, comunistas y anarquistas.
En el mes de octubre aparecían setenta y
siete grupos de cinco miembros cada uno, con un jefe a la cabeza: treinta y un
grupos para los anarcosindicalistas, quince grupos para socialistas (PSOE) y
comunistas respectivamente, cinco grupos para el Partido Socialista, seis para
IR y cinco para UR. A pesar de esta diferencia de participación, se llegó al
acuerdo de, supuestamente, impedir la prevalencia de nadie constituyendo seis
tribunales compuestos cada uno por tres miembros del Comité.
El CPIP creció rápido y espantoso en el
Madrid del Frente Popular, expresando dondequiera que se hacía presente el
dominio de dicho conglomerado: el de los partidos de izquierda y las organizaciones
sindicales de carácter revolucionario. Mientras que la colaboración con la DGS era
efectuada por los policías de esta insertos en el CPIP en calidad de enlaces al
servicio de Manuel Muñoz. El primer delegado especial de la DGS fue el
socialista Ramón Bargüeño Gómez, acompañando a los miembros del Comité del CPIP
en sus reuniones diarias con el director general de Seguridad. El siguiente
delegado, ya en la calle Fomento, fue Constantino Neila Valle, representante de
IR en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia. Cabe decir que no estaba
prohibido pertenecer a la vez a la DGS y al CPIP.
Pronto se convirtió el CPIP en el más horroroso
tribunal revolucionario de Madrid, una distinción difícil de alcanzar. Impuso
un terror que surgía del recelo visceral entre las diversas facciones de
izquierda: era mala la relación entre socialistas y comunistas con los
anarcosindicalistas, y la de unos y los otros con los burgueses de izquierda;
acusándose mutuamente de indisciplina y excesos no acordados ni compartidos.
Pero estas disensiones no llegaban a publicarse en los periódicos ni se
voceaban por las calles tomadas de Madrid; sin embargo, se apuntaban en los
mítines y en las reuniones internas donde se achacaban las detenciones y
reyertas, con muertos, entre ellos: así obraron en la denuncia, moderadamente
expuesta, Julio de Mora, jefe del CIEP, que era el Servicio de Información de
la ASM (Agrupación Socialista Madrileña), Amor Nuño, secretario de la
Federación Nacional de Sindicatos de la CNT, y Edmundo Domínguez Aragonés, presidente
de la Casa del Pueblo socialista; pidieron al unísono que se incrementara la
autoridad del CPIP para evitar fricciones y desavenencias que daban mala imagen
al Frente Popular.
De hecho, el CPIP tuvo facultades para
imponer castigos y ejecutar toda clase de penas, incluida la de muerte, a
quienes actuaran fuera del marco establecido por sus integrantes. Se quiso
paliar la falta de autoridad del CPIP
Pero su falta de autoridad era culpa de las
organizaciones del Frente Popular. Y por mucho que se ordenara que las
direcciones centrales de cada organización del Frente Popular debían entregar
una relación completa de Radios, Ateneos, Círculos y Centros con sus
respectivos domicilios y teléfonos, para conocimiento del Comité, los aludidos
hicieron caso omiso al negarse a prescindir de sus brigadas y tribunales.
En suma, el CPIP estuvo conformado por esta
inmensa red a disposición propia de cada uno de sus integrantes.
De los 33 tribunales revolucionarios activos
en Madrid durante el verano y comienzos del otoño de 1936, al menos 26 transfirieron
prisioneros al CPIP. Y como la pertenencia al Comité no impedía la asociación
con ningún tribunal revolucionario, puesto que en muchos casos el reclutamiento
para el Comité radicaba en la tarea compartida con ese tribunal, la relación
presentaba ventajas mutuas de carácter logístico y de operatividad. Disponer de
un carné del CPIP, creado por la DGS, otorgaba legitimidad revolucionaria: era
la suya una actuación legalizada. Contar con el CPIP para la recepción de
prisioneros las veinticuatro horas del día significaba que allí se les juzgaba
y eran recogidos, en cualquier momento, para ser ejecutados por la red de
terror de cada integrante del Frente Popular.
Uno de los grupos más prolíficos en la
actividad criminal durante los meses de vigencia del CPIP fue el Comité de
Defensa anarcosindicalista (compuesto por grupos de investigación y tribunales)
de Eduardo Val Bescós. Dos de las brigadas más cruelmente activas en la
represión entonces fueron las del socialista Agapito García Atadell, dirigiendo
la brigada homónima, y la del comunista Santiago Álvarez Gómez, dirigiendo la
denominada No pasarán.
La Federación Provincial de Madrid, el órgano
provincial de los comunistas al mando de Francisco Antón, también utilizó el
CPIP como parte de su red de terror; los tribunales revolucionarios del PCE estaban
interconectados e intercambiaban prisioneros para ser juzgados y ejecutados, aprovechando
el control comunista de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa
de Madrid que siguió actuando a lo largo de todo el invierno de 1936-1937.
Los representantes de la UGT en el Comité y
en los tribunales del CPIP estaban a las órdenes de Edmundo Domínguez,
presidente de la Casa del Pueblo, que a su vez obedecía a los mandos del PSOE,
siendo la mayoría de los sindicalistas afiliados a la ASM; uno de los más
siniestros personajes del CPIP era el miembro de UGT Félix Vega Sáez, destacando
su papel en las sacas masivas de las cárceles madrileñas de octubre y noviembre
de 1936.
Los partidos burgueses, Izquierda Republicana
y Unión Republicana, también situaron sus actividades extrajudiciales bajo la
protección del CPIP, de manera que los representantes de ambos partidos fueron básicos
para la eficacia del mayor tribunal revolucionario de Madrid.