Séptima y última entrega, a modo de resumen cronológico, de la historia revolucionaria y golpista del Partido Socialista Obrero (denominación original, después Partido Socialista Obrero Español, siglas PSOE), fundado en 1879 por Paulino de la Iglesia Posse (nombre original, posteriormente modificado a conveniencia por el de Pablo Iglesias).
El asalto al poder ideado por las diferentes organizaciones republicanas en el Pacto de San Sebastián en 1930, tuvo su confirmación práctica en abril de 1931. En realidad, el golpe de Estado promovido entre el 12 y el 14 de abril de 1931 contaba en su seno con tres vertientes: la burguesa de izquierda, la marxista-bolchevique de socialistas y comunistas y la separatista catalana; la cuarta facción, anarquista, sin integrarse en esta conjunción de republicanos de las varias izquierdas, que en 1936 se convirtió en el Frente Popular, se englobaba en el propósito de cambiar el régimen aunque con finalidad distintiva de la idiosincrasia anarquista.
El bienio derechista durante la breve II República supuso un notable asentamiento de campesinos y el único avance social realizado por la república, además de la mayor parte de las obras públicas y las reformas legislativas que no enfrentaban a los españoles, tareas reconocidas al cabo del tiempo también por la izquierda que entonces, sin ambages, actuaba bélicamente contra el gobierno y contra el régimen republicano.
En verano de 1935, PSOE y PCE recibieron de la capital soviética, Moscú, es decir, de Stalin, la orden de constituir los frentes populares. Para Stalin el PSOE y el PC eran la misma fuerza, con la misma ideología, con los mismos objetivos e idéntica determinación en el cometido. La revolución encaminada a implantar la dictadura del proletariado de corte soviético estaba indefectiblemente en marcha, el clima encendido y los actores situados en el escenario. El error en que no incurrió la derecha y sí, en cambio, la izquierda burguesa, fue creer que podían aliarse con socialistas y comunistas, con los anarquistas y con los separatistas, y ser ella quien dirigiera en el futuro el movimiento conjunto. Manuel Azaña volvió a equivocarse, igual que su lugarteniente, pero superior masón, Diego Martínez Barrio; los socialistas y los comunistas tenían el camino trazado y el más poderoso respaldo en Stalin, mientras sirvieran a su plan.
Pero la iniciativa de formar la colación electoral para los comicios de febrero y marzo de 1936 partió de un Azaña entre ignorante y soberbio. El 14 de noviembre de 1935 propuso a la ejecutiva del PSOE una coalición electoral de izquierdas: el origen del Frente Popular que venía de perlas a los marxistas-bolcheviques de PSOE y PC. En esa época de organización electoral, la central sindical comunista CGTU (Confederación General del Trabajo Unitario, a imitación del sindicato homólogo en Francia, pues Stalin quería que surgieran a la vez los frentes populares en España y Francia), se integraba en la socialista UGT para someterla y controlarla, si era preciso.
El 15 de enero de 1936 tuvo lugar la firma del pacto del Frente Popular: una contradictoria alianza de fuerzas burguesas y obreras con propósitos dispares. PSOE y PC tenían claro que ese pacto les beneficiaba sólo electoralmente, puesto que su anhelada dictadura del proletariado rechazaba a los burgueses de cualquier signo. Había que retomar la revolución fracasada de 1917.
Así se expresaba el líder socialista Francisco Largo Caballero, el Lenin español, antes de las elecciones, texto publicado en el periódico del socialista Indalecio Prieto, competidor de aquél, el 20 de enero de 1936: “Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados [en la coalición de Frente Popular]; pero si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble: colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros las realizamos”. El 20 de enero en Linares, Largo Caballero proclamaba: “La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución”. Y el 10 de febrero, en vísperas de las elecciones generales, en el madrileño Cinema Europa, recalcaba Largo Caballero: “La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos ya hartos de ensayos de democracia. Que se implante en el país nuestra democracia”.
Por su parte, el socialista Ramón González Peña, significado en la revolución de octubre de 1934, dejaba patente la actitud futura del PSOE en el poder: “La revolución pasada [la de Asturias en octubre de 1934] se había malogrado, a mi juicio, porque más pronto de lo que quisimos surgió esa palabra que los técnicos o los juristas llaman juridicidad. Para la próxima revolución, es necesario que constituyéramos unos grupos que yo denomino de las cuestiones previas. En la formación de esos grupos yo no admitiría a nadie que supiese más de la regla de tres simple, y apartaría de esos grupos a quienes nos dijesen quiénes habían sido Kant, Rousseau y toda esa serie de sabios. Es decir, que esos grupos harían la labor de desmoche, labor de saneamientos, de quitar las malas hierbas, y cuando esta labor estuviese realizada, cuando estuviesen bien desinfectados los edificios públicos, sería llegado el momento de entregar las llaves a los juristas”.
En resumen: o ganaba las elecciones el Frente Popular para implantar al cabo la dictadura del proletariado, prescindiendo de los aliados burgueses, o si las perdía desencadenaba una guerra civil en la que exterminarían a todos los segmentos de la población desafectos con el objetivo marxista-bolchevique.
El Frente Popular quedó constituido por las siguientes formaciones políticas y sindicales: Unión Republicana, Izquierda Republicana, PSOE, UGT, PCE, FJS, Partido Sindicalista y POUM. En Cataluña la agrupación electoral se denominó Front d’Esquerres (Frente de Izquierdas), integrado por: Esquerra Republicana, Acció Republicana, Partit Nacional Republicá, Unió Socialista de Catalunya y las organizaciones adscritas a la Alianza Obrera.
De nada sirvió a los partidos de derecha y centro el ganar las elecciones generales de 1936. Los fraudes electorales destinados a privar de sus actas a los diputados de derecha y centro, junto a las irregularidades cometidas en contra de los citados en al menos trece provincias, facilitó la victoria del Frente Popular que recordaba a la ilegal e ilegítima obtenida en abril de 1931. Hasta el propio, entonces y por muy poco tiempo, presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, destaca la perversión del resultado electoral en 1936 con su declaración al periódico Journal de Geneve el 17 de enero de 1937: “A pesar de los refuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, de 200 actas en un Parlamento de 473 diputados. Resultó la minoría más importante, pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia. Primera etapa: desde el 17 de febrero, incluso desde la noche del 16 [jornada electoral para la primera vuelta], el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, lo que debería haber tenido lugar ante las Juntas provinciales del Censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el Poder por medio de la violencia. Crisis: algunos gobernadores civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales: en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados. Segunda etapa: conquistada la mayoría de este modo, fue fácilmente hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición [la derecha y el centro] resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer en la Cámara una convención, aplastar a la oposición y sujetar el grupo menos exaltado del Frente Popular. Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores locuras. Fue así que las Cortes prepararon dos golpes de Estado parlamentarios. Con el primero se declararon a sí mismos indisolubles durante la duración del mandato presidencial. Con el segundo me revocaron. El último obstáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias en la guerra civil”.
Eliminado Alcalá Zamora, el 10 de mayo Manuel Azaña ocupó la presidencia de la República para dar una apariencia de moderación inexistente al cabo, pues el PSOE y el PC corrían hacia la revolución y la dictadura del proletariado; como irrelevante fue la presidencia de Azaña y él mismo, no obstante empeñado en figurar y mantener el cargo. Hasta que, tarde y lejos, tuvo que disculparse con los españoles y pedir paz, perdón y piedad, dejando escrito en sus diarios parte de la verdad de cuanto había ocurrido en aquella II República que él ayudo a traer, con un golpe de Estado, y sostener con varios más.
El 10 de junio de 1936, el gobierno frentepopulista ultimaba la aniquilación del sistema democrático al crear un tribunal especial para exigir responsabilidades políticas a jueces, magistrados y fiscales; el poder judicial dependía de la voluntad política del Frente Popular.
Trescientos treinta y cuatro muertos violentamente contemplan el periodo de gobierno de las izquierdas entre marzo y julio de 1936. Los comunistas habían organizado un ejército de “milicias antifascistas obreras y campesinas” (MAOC), dos mil efectivos; el partido socialista contaba con sus juventudes militarizadas, los sindicalistas de la UGT y numerosos miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden Público: policías de todo ámbito, guardias civiles y de asalto. De hecho, fue la escolta personal del socialista Indalecio Prieto, compuesto por miembros de las fuerzas de seguridad, la que asesinó al líder monárquico José Calvo Sotelo y casi al líder de la CEDA, José María Gil Robles, que no encontró en su domicilio.
Dado el ambiente de violencia que generaba el proceso revolucionario del Frente Popular, el Foreign Office británico, informado por la embajada en Madrid, el 23 de marzo de 1936, redactaba una minuta cuyo resumen es el siguiente: “Existen dudas serias de que las autoridades, en caso de emergencia, estén realmente en disposición de adoptar una postura firme contra la extrema izquierda, que ahora se dirige con energía contra la religión y la propiedad privada. Las autoridades locales, la Policía y hasta los soldados están muy influidos por ideas socialistas, y a menos que se le someta a una dirección enérgica es posible que muy pronto se vean arrastrados por elementos extremistas hasta que resulte demasiado tarde para evitar una amenaza seria contra el Estado”.
El proceso revolucionario era una derivada del soviético, pero dirigido por el PSOE, cuyo líder Largo Caballero, en palabras del embajador británico, Henry Chilton, el 24 y 25 de marzo, pretendía “derribar al presidente [de la República] y al gobierno de la República para instaurar un régimen soviético en España”. El PC, obediente a Stalin, dejaba hacer a los socialistas hasta que llegara su momento de imponerse.
Posteriores informes del Foreign Office alertaban de que el PSOE se había situado en el “bando extremista”, y que los comunistas estaban armándose con diligencia desde la llegada al poder del Frente Popular y fortaleciendo su organización a las órdenes de Moscú. Destacaban esos informes, por la relevancia que tenía en el presente y el futuro, la anulación de la independencia del poder judicial impulsada por el Frente Popular: “En muchos lugares, a causa del sentimiento de miedo y confusión cread por la desaparición de la autoridad, el control del gobierno local, de los tribunales de Justicia, etc., ha caído en manos de la minoría de extrema izquierda”.
El proceso golpista iniciado efectivamente en abril de 1931, probado como guerra civil en 1934, y reiterado con el ascenso violento al poder del Frente Popular tras las elecciones fraudulentas de 1936, marchaba veloz e implacable hacia la consumación revolucionaria.
Artículos complementarios
Memoria recobrada (1931-1939)
Los magnicidios de Cánovas, Canalejas y Dato
Año 1917: Los trasfondos doctrinales y el propósito revolucionario
Año 1934: Conspiración, alzamiento y guerra
Eso de la libertad para el marxismo bolchevique
Incitación a la violencia
El tesoro del Vita