Cuarta entrega, a modo de resumen cronológico, de la historia revolucionaria y golpista del Partido Socialista Obrero (denominación original, después Partido Socialista Obrero Español, siglas PSOE), fundado en 1879 por Paulino de la Iglesia Posse (nombre original, posteriormente modificado a conveniencia por el de Pablo Iglesias).
Entre 1911 y 1917 fue extendiéndose e incrementando su violencia la agitación ideada y promovida desde las organizaciones políticas republicanas y socialistas en conjunción de objetivos con los anarquistas y los nacionalistas y separatistas catalanes.
El estallido de la Gran Guerra en 1914 impulsó al Partido Socialista en la dirección opuesta a la defendida por la mayoría de los partidos socialistas a favor de sus respectivos gobiernos, aproximándose a cuanto propugnaba Vladímir Ilich Uliánov, alias Lenin, un personaje todavía poco conocido y menos temido, contrario a la guerra. Hasta que en 1916, obligado Pablo Iglesias (Paulino de la Iglesia), máximo dirigente socialista en España, por el socialismo francés (siempre dependiendo de la voluntad de los franceses), se avino al apoyo de los aliados. E inmediatamente a la aniquilación del sistema constitucional en España.
En 1916 quedó establecido un acuerdo de acción conjunta suscrito por la UGT (Unión General de Trabajadores, sindicato socialista de clase, fundado y dirigido también por Pablo Iglesias) y la CNT (Confederación Nacional del Trabajo, sindicato anarquista): en diciembre acudieron a la huelga general. El resultado no fue lo que esperaban ambas organizaciones, de modo que en marzo de 1917, tras otra reunión, acordaron emitir un manifiesto conjunto.
Por otro lado, y no menos importante, la actividad de las Juntas Militares de Defensa y la de los catalanistas de Francesc Cambó, promovieron la caída de los sucesivos gobiernos de Romanones (Álvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones) y García Prieto (Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas), coincidiendo con los deseos de republicanos, socialistas y anarquistas. Con el nuevo gobierno conservador de Eduardo Dato, en calidad de presidente, y José Sánchez Guerra, ministro de la Gobernación, las aguas militares se remansaron, pero el Gobierno advirtió del uso de procedimientos ilegales en aquellos que debían defender el sistema de la subversión protagonizada por los movimientos anarquistas y socialistas, en primera línea de batalla, y por detrás los citados republicanos y catalanistas.
Comenzó a gestarse desde Barcelona por Cambó el redactado de una nueva Constitución. A la convocada asamblea de parlamentarios decidió Iglesias acudir con el respaldo del Comité nacional del Partido Socialista con la mira de integrarse en el futuro gobierno provisional que de ella pudiera surgir. El ideario de los socialistas era: acabar con la monarquía, eliminar la influencia del catolicismo en la política y suprimir los partidos constitucionales. Se perfilaba como jefe del gobierno provisional el republicano Melquíades Álvarez (asesinado en 1936 por el Frente Popular), correspondiendo la cartera de Trabajo en esa hipótesis a Pablo Iglesias. Para desencadenar la revolución, desde dentro o desde fuera, pues el propósito se mantenía vigente con prebendas o sin ellas, los socialistas acordaron con los anarquistas, a espaldas del resto, la división de España en tres zonas de actuación: Madrid, Castilla la Vieja y Vizcaya para los socialistas (Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, Remigio Cabello, Manuel Cordero y Andrés Saborit); Aragón, Valencia, Andalucía y Cataluña para los anarquistas y republicanos (Ángel Pestaña, Salvador Seguí, Manuel Buenacasa, Eusebio Garbó, Marcelino Domínguez y Daniel Anguiniano); Asturias y León para republicanos y socialistas (Manuel Llaneza, Teodomiro Menéndez y Eleuterio Quintanilla). El Partido Socialista se adjudicaba la conducción de las fuerzas contrarias al sistema constitucional bajo la consigna de que representaban la voluntad del pueblo; sin embargo y pese a la oleada propagandista, carecía este conglomerado de respaldo popular.
En agosto de 1917 el Partido Socialista adoptó la consigna de la huelga general, convocando para hacer frente común a los anarquistas y a los republicanos.
La virulencia de la huelga fue contrarrestada por la declaración gubernamental del estado de guerra. Al cabo de tres días remitieron las acciones revolucionarias que incidieron principalmente en Asturias, donde acabó prolongándose unos días, Cataluña, Vizcaya, Valencia y Madrid, es decir, en las zonas de mayor influencia socialista. El Gobierno detuvo al comité de huelga compuesto por Saborit, Besteiro, Largo Caballero y Anguiano, mientras el dirigente republicano Alejandro Lerroux primero se escondió y luego desapareció.
Los catalanistas de Cambó no secundaron a quienes pretendían derribar el sistema constitucional, como ellos, pero no por esos métodos revolucionarios que condenaron explícitamente.
Pablo Iglesias estaba enfermo y oculto temiendo ser detenido porque había participado junto a otros socialistas en el traslado de alijos de armas y municiones: “Yo transporté armas y municiones en Bilbao, yo personalmente”, confesó Indalecio Prieto.
El castigo impuesto a los revolucionarios fue el de sedición, delito aminorado en cuanto a pena, al que siguió una campaña en demanda de la amnistía para los involucrados en la huelga general revolucionaria. De hecho, fueron elegidos concejales por Madrid en las elecciones municipales de noviembre cuatro miembros del comité de huelga. Se trató de una maniobra torticera para eludir la acción de la justicia contra ellos, repetida en las elecciones legislativas de febrero de 1918, que permitió la elección como diputados a Indalecio Prieto, por Bilbao, Besteiro, por Madrid, Anguiniano, por Valencia, Saborit, por Asturias y Largo Caballero, por Barcelona.
De nuevo, los que iban contra el sistema se beneficiaron con el sistema.
La debilidad del sistema constitucional favorecía la actividad revolucionaria de socialistas, anarquistas, catalanistas y republicanos. Sin embargo, una división en el socialismo truncó el proyecto de la vía rápida para tomar el poder.
En noviembre de 1918 se celebraron los congresos del Partido Socialista y de su sindicato UGT. En el congreso del partido se abogó por seguir la línea bolchevique, cuyo líder patrocinaba una nueva Internacional socialista, la III Internacional o Comintern (Internacional comunista); sin embargo, el propósito de unirse a esta III Internacional fue desechado, con presiones de todo tipo, al tener noticia de una Internacional heredera de la II socialista. Los partidarios de vincularse a esta renovada II Internacional encabezados por Largo Caballero y Besteiro se enfrentaban a los partidarios de unirse a la II Internacional, las Juventudes Socialistas y las agrupaciones socialistas de Madrid, Mieres y Bilbao. La división fue incrementándose y así en marzo de 1919 la federación asturiana de las Juventudes Socialistas reclamó la instauración de la república comunista. Posición que iba a ser la mayoritaria en el socialismo pese a que en diciembre de 1919 el congreso socialista adoptó el acuerdo de permanecer en la II Internacional hasta el siguiente congreso de ésta: si entonces no se producía la ansiada unificación con la III Internacional (la leninista), el PSOE sí se integraría en ella. En el congreso también se resolvió evitar todo acercamiento con los partidos burgueses y, por el contrario, buscar la convergencia con los anarquistas.
El congreso socialista de 1920 decidió integrar al partido en la III Internacional; un ingreso supeditado, no obstante, a los informes que aportaran Anguiano y Fernando de los Ríos tras su viaje a Rusia para conocer en directo la realidad emanada de la Internacional comunista. Los informes fueron dispares, reflejando las dos tendencias, favorable y contraria, en el seno del PSOE. Pablo Iglesias se posicionó en contra de la integración en la Internacional comunista porque no quería aceptar el control de Moscú y porque temía una escisión en el partido. Esto lo hizo público en el congreso socialista de 1921. La víspera de la conclusión de dicho congreso, el 13 de abril, los partidarios de la integración en la III Internacional expresaron su deseo de abandonar el partido y fundar otro de acuerdo a las directrices emanadas de Moscú: fue el origen del Partido Comunista.
A diferencia de lo ocurrido en otros países, esta división del socialismo no produjo la aparición de un socialismo democrático, la socialdemocracia, frente al socialismo comunista o socialismo real. En España ambos socialismos eran marxistas, revolucionarios y antisistema, destinados a liquidar el régimen constitucional para la implantación de la dictadura del proletariado.
El año 1921 trajo consigo desastres y beligerancias. El presidente del Gobierno Eduardo Dato caía asesinado por los anarquistas, como sus predecesores Antonio Cánovas del Castillo y José Canalejas; en el Protectorado de Marruecos las cabilas rifeñas provocaron el triste episodio de Annual; y en Barcelona el sindicalismo armado, los pistoleros, campaban a sus anchas por las calles imponiendo el terror.
La monarquía de Alfonso XIII aguantaba estas graves acometidas con el apoyo popular, que era superior al que podían contar sus adversarios, y en líneas generales del Ejército y las Fuerzas de Orden.
Dada la situación política y social, en el verano de 1922 tuvo lugar el pronunciamiento del general Miguel Primo de Rivera, entonces capitán general de Cataluña, sin violencia alguna y bien acogido popularmente. Los enemigos del sistema constitucional se enfrentaban al dilema de tener que denunciar una acción pareja a la que ellos deseaban protagonizar o, simplemente, aplaudirla y mecerse al pairo de las circunstancias en espera de la coyuntura favorable. Por su parte, la burguesía catalana recibió entusiasta al Directorio militar. Con el general Primo de Rivera al timón de la nave, eran muchos los que confiaban en vencer a los anarquistas y su praxis de terror callejero, y de paso acabar con el sistema de partidos en aras a una nueva configuración política de intereses.
Los socialistas, inmersos en sus habituales vaivenes, vieron mejorar su situación con la dictadura de Primo de Rivera, ya que a diferencia de los anarquistas, ellos fueron respetados e incluidos en la Junta de Subsistencias (Largo Caballero y Cordero), en el Consejo de Administración de Información Telegráfica (Lucio Martínez), en el Consejo Interventor de Cuentas de España (Wenceslao Carrillo, Cordero y Francisco Núñez Tomás) y el Consejo de Trabajo (Núñez Tomás, Largo Caballero y Lucio Martínez). Largo Caballero se convirtió en octubre de 1924 en miembro del Consejo de Estado. Un panorama halagüeño para los socialistas que lograban imponerse a los anarquistas situándose como fuerza hegemónica de la izquierda obrerista.
En 1925 falleció Paulino de la Iglesia Posse, conocido por el nombre de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista y de su sindicato la Unión General de Trabajadores. Su idea marxista y revolucionaria pretendía abolir por la violencia, es decir, aniquilar en sentido lato, el sistema constitucional de libertades y alternancia imponiendo a continuación la dictadura del proletariado al gusto bolchevique. Este proceso no se detuvo un instante en la dirección socialista ya fuera de corte más socialdemócrata o plenamente comunista, y al finalizar el gobierno de Miguel Primo de Rivera, donde los socialistas habían sentado plaza, retomaron con mayor ímpetu el asalto a las instituciones, la ocupación del poder y la deriva hacia el enfrentamiento a todos los niveles.