La intervención española contra el genocidio de los judíos en Europa
El gobierno español organizó una red de salvamento y evacuación de judíos, siendo el único en proceder de esta manera humanitaria.
Las primeras disposiciones del gobierno español para conceder amparo diplomático a los judíos sefardíes de Europa datan de noviembre de 1940, aunque constan también otras anteriores, de menor relevancia diplomática, realizadas por el general Juan Luis Beigbeder y Atienza, por entonces titular de Asuntos Exteriores, en cuanto a la concesión de visados individuales a judíos europeos de ascendencia española.
Desde mediados de 1940 tenía inequívoca constancia el Ministerio de Asuntos Exteriores de España de las solicitudes de amparo ante las embajadas y los consulados de los judíos de origen español. A lo largo de la segunda guerra mundial, especialmente desde la citada fecha, el gobierno español presidido por Francisco Franco por la vía del ministerio de Asuntos Exteriores, que dirigieron sucesivamente Juan Luis Beigbeder, Ramón Serrano Suñer, Francisco Gómez Jordana, conde de Jordana, y José Félix de Lequerica (con especial conocimiento de causa por su estancia previa en Francia en calidad de embajador ante el gobierno de Vichy), consiguió salvar la vida a miles de judíos en Europa, abriendo la frontera para que entraran desde Francia y ofreciendo visados, refugio y tránsito a todos aquellos que pudieron ser evacuados de los territorios ocupados por las fuerzas del III Reich.
En octubre de 1940, el nuncio del Vaticano en Berlín, monseñor Cesare Ossenigo notificaba al Secretario de Estado vaticano, cardenal Luigi Maglione, que el gobierno español había concedido visados españoles a tres mil judíos alemanes que deseaban viajar a Brasil.
Los judíos que escapando de la persecución llevado a cabo sistemáticamente en Alemania por el régimen nacionalsocialista llegaron a España, fueron acogidos como refugiados aceptando que declarasen cualquier nacionalidad. En cuanto a los sefardíes, aquellos descendientes de los emigrados y expulsados en 1492 a los que se reconocía el derecho a inscribirse en los consulados y embajadas, a criterio del Gobierno español, con Ramón Serrano Suñer en los ministerios de Asuntos Exteriores y Gobernación, se negaba su repatriación: las autoridades alemanas tenían la obligación de respetar sus personas y bienes como si se tratara de españoles no judíos. Esta tesis diplomática fue válida hasta el verano de 1492, cuando Adolf Eichmann promulgó la orden considerada de “la solución final”.
A consecuencia de ello, la afluencia de fugitivos por la frontera española creció en gran medida los últimos meses del citado año, incluyendo a todas las nacionalidades. Los aliados intervinieron con mayor intensidad, aunque privilegiando en la salida de refugiados que llegaban a España a los que podían incorporar en sus ejércitos.
No obstante las medidas adoptadas por el Gobierno español, algunos judíos provistos de documentación española comenzaron a ser deportados hacia los campos de trabajo y exterminio. El 31 de enero de 1943 los servicios de información de la Dirección General de Seguridad (española) en Francia trasladaron dos noticias que habían recibido; la primera: “Los alemanes han encontrado en Francia menos resistencia y más colaboración que en ninguna parte para perseguir a los judíos”, y la segunda: “Son muchos los judíos que en la actualidad se naturalizan españoles acogiéndose a un decreto publicado en 1914 por el que se autorizaba a los judíos descendientes de los expulsados de España para adquirir nuestra nacionalidad; en su mayoría son judíos nacidos en Salónica”. Al inicio de 1942 residían en Gracia 830 judíos con nacionalidad española, 560 en la comunidad de Salónica y 250 en la de Atenas.
La cuestión de los judíos que huían del cautiverio y el exterminio se analizó por el Gobierno español desde una doble perspectiva: la protección consular que debía ofrecerse a las personas de nacionalidad española residentes en el extranjero y el trato humanitario que debía dispensarse a los fugitivos sin documentación provenientes de las zonas en guerra. Con motivo de la Conferencia de las Bermudas, celebrada en abril de 1943, los aliados decidieron entablar negociaciones con España para la rápida evacuación de los refugiados, siendo los primeros aquellos aptos para la guerra.
En este contexto, el Gobierno español protestó antes las autoridades de Vichy (el Gobierno francés tutelado por la Alemania nacionalsocialista), a causa del canje de tres mil españoles exiliados, que trabajaban en La Roche Guyon (comuna en las cercanías de París) en condiciones deplorables, por prisioneros de guerra franceses, acusando a los franceses del trato pésimo dado a los españoles allí refugiados “como si todos fuesen bandidos o comunistas”. En septiembre de 1943, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas publicó un documento de condena al Gobierno alemán por su persecución de católicos y “pobres judíos”.
Las organizaciones de ayuda y evacuación de los aliados contaban con el respaldo de sus embajadas, pero únicamente para todos aquellos nacionales de los Estados implicados en la guerra con exclusión de los judíos. Por su parte, el Gobierno español autorizó a los sefardíes que tuvieran parientes en España y medios de subsistencia a regularizar su estancia en España.
Momentáneamente, los sefarditas inscritos en los consulados españoles de Grecia, Hungría y Rumania, se hallaban amparados por la diplomacia.
Desde Berlín, el embajador español Ginés Vidal y Saura advirtió al Gobierno que las autoridades alemanas, en virtud de las leyes antisemitas, prohibían el tránsito de judíos desde los países de acogida a los de origen, por lo que todo judío que saliera con permiso de Alemania hacia España por petición expresa de las autoridades españolas, sólo podía dirigirse, y permanecer, en España. A cargo de la política de auxilio española a los judíos perseguidos, sefarditas o no, estaba el Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Gómez Jordana Souza, nombrado por Francisco Franco el 3 de septiembre de 1942 para consolidar la política de neutralidad de España.
Tomada la decisión por Eichmann de destruir la importante judería de Salónica en febrero de 1943, el alto comisario alemán en Atenas, Günther Altenbourg, transmitió conminatoriamente al agregado de la embajada español Eduardo Gasset, único representante que había quedado allí tras la huida del gobierno griego, que en la deportación de judíos a iniciarse a la mayor brevedad estarían incluidos los “españoles”: el gobierno del Reich no quería judíos en Grecia. Sólo quedaba la vía de la evacuación para salvar a los sefarditas, pero, dadas las dificultades en la comunicación por la guerra, hasta el 6 de abril, en el límite del plazo otorgado, no pudo transmitir Jordana a Ginés Vidal la orden de repatriación de los sefarditas de Salónica.
En el ínterin de comunicados, Eduardo Gasset fue ascendido y relevado al frente de la representación diplomática española en Atenas por Sebastián Romero Radigales, casado con la sefardita rumana Elena Cutava. La actividad frenética para procurar la evacuación antes de que expirara el plazo, el 15 de junio, no fue suficiente para conseguir transporte, por lo que Franco, asesorado por Jordana y al margen de los protocolos diplomáticos, firmó una orden a todas las representaciones españolas en los territorios ocupados por el Reich para que “con el mayor tacto posible, se hiciera ver a las autoridades antisemitas que en España las leyes no hacían acepción de personas por su credo o raza. Por ello todos los judíos residentes deberán ser protegidos como cualquier otro ciudadano”. La impaciente respuesta alemana a los diez Estados con súbditos judíos en territorios ocupados, España entre ellos, fue la de aplazar las deportaciones hasta el 31 de julio, sin ninguna prórroga más. Deprisa y corriendo intentaron las autoridades españolas: Jordana, Vidal, José María Doussinague (Director de Política Exterior) y Germán Baraibar (responsable de las repatriaciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores), poner a salvo a los sefarditas (y a quien pudiera incorporarse al transporte hacia España). Doussinague le dijo a Baraibar que era “absolutamente indispensable que no se pierda más tiempo ni se deje de la mano un solo momento”. La propuesta española a Eichmann era la de pagar el flete de un tren alemán hasta la frontera española. No era una medida acorde con la pretensión nacionalsocialista, por lo que fue pospuesta, y ante la impotencia para revertir la situación. El gobierno español supo el 13 de agosto que los judíos de Salónica habían sido trasladados al campo de Bergen-Belsen. No obstante, desde este campo de concentración fue posible contratar dos expediciones de traslado hacia España con judíos deportados, llegando 365 a la frontera española el 7 y el 13 de febrero de 1944. Mucho antes, en noviembre de 1943, el gobierno español se manifestó indignado contra la actitud de los aliados: recogían a los suyos pero se negaban a recoger a los judíos pero al compromiso para evacuarlos.
Junto a los políticos y diplomáticos españoles aquí nombrados: los cuatro ministros de Asuntos Exteriores, Ginés Vidal y Saura, José María Doussinague, Germán Baraibar, Francisco Romero Radigales, Eduardo Gasset y Alfonso Fiscowich (cónsul español en París, que también participó activamente en la salvaguarda de los judíos amenazados en Francia para que llegaran a España), descolló en Grecia el del sacerdote Ireneo Typaldos, que gracias a su personal esfuerzo y dotes consiguió ayudar a los sefarditas proporcionándoles refugio y dinero.
El 8 de abril de 1944, un representante del Congreso Judío Mundial se entrevistó en Lisboa con el embajador español en la capital portuguesa, Nicolás Franco, informando del censo de los judíos sefarditas desperdigados por Europa para solicitar el amparo de España para ellos como súbditos suyos. Eran 155 en el campo de concentración de Haidari, cerca de Atenas, que el gobierno español creía que viajaban ya hacia España tras haber negociado con la autoridad alemana de ocupación; 500 en el campo de concentración francés de Drancy, cerca de París; un número indeterminado, por desconocido, escondidos en toda Francia; 450 ya en España y 200 recientes en la localidad gerundense fronteriza de Port Bou, todos ellos pendientes de los trámites de salida hacia destinos originarios. Nicolás Franco comunicó a Jordana la urgencia de dar salida de Europa a los judíos, y éste al jefe del Estado, Francisco Franco. Se cursaron inmediatamente las correspondientes órdenes a Ginés Vidal para que gestionara en Berlín la mejor y más rápida solución para ellos.
Telegrafió el 20 de julio Vidal: “Los sefarditas españoles, en número de ciento cincuenta y cinco saldrán cuanto antes sin que, en razón de las circunstancias, pueda precisar fecha exacta”. No llegaron a España, pero salvaron la vida sin haber abandonado Bergen-Belsen.
Fuentes
Luis Suárez, Franco. Crónica de un tiempo. Vol. II: España, Franco y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ed. Actas.
Ricardo de la Cierva, Franco. La historia. Ed. Fénix.
Francisco Gómez-Jordana Souza, Milicia y Diplomacia. Los Diarios del conde de Jordana (1936-1944). Ed. Dossoles.